El Ministerio Público Fiscal (MPF), en un dictamen firmado por el fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro, establece que el servicio público de autos de alquiler con chofer, dentro de la ciudad de Córdoba, ya cuenta con su propia regulación y marco legal municipal vigente y que UBER no encuadraría en la misma.
En la resolución afirman que “si eventualmente el Estado Municipal considerara la posibilidad de catalogar a la actividad que realiza UBER como actividad privada de interés público, mediante el dictado de una ordenanza, podría intervenir regulando cuestiones mínimas que hacen al orden público en materia de higiene, salubridad, calidad, seguridad o idoneidad, como cualquier otra actividad privada” pueden llevarlo adelante pero ya es una cuestión ajena al “control judicial, ya que son facultades privativas de otro órgano de gobierno que no es el Poder Judicial y cuya facultad legislativa ya fue ejercida sobre la temática de los autos de alquiler con chofer mediante la Ordenanza Municipal Nro. 12.859 del año 2018”.
Según relata, la ya mencionada ordenanza N° 12.859 prevé las siguientes como únicas modalidades para prestar el servicio: auto taxi, auto taxi para personas con discapacidad, auto remís, auto remís para personas con discapacidad y auto de alquiler de lujo.
A su vez, el documento menciona que en octubre de este año la Municipalidad de Córdoba sancionó una normativa que fija sanciones económicas a los conductores que transporten pasajeros con viajes concertados a través de aplicaciones, agencias o centrales no habilitadas, como es el caso de Uber.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal planteó “que el servicio público de autos de alquiler con chofer, dentro de la ciudad de Córdoba ya cuenta con su propia regulación y marco legal municipal vigente y Uber no encuadraría en la misma”.
Declaraciones del letrado Cafure
Por su parte, Carlos Cafure, abogado del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba se manifestó ante la resolución emitida por el MPF y recordó la regulación que existen actualmente en la ciudad de Córdoba. Como también la jurisprudencia que se marcó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde tampoco se permite la circulación de UBER.
En diálogo con Telediario, el letrado recordó que en 2018 se sancionó la ordenanza 12.859, que es la que regula la actividad que llevan adelante los taxis y remises de Córdoba. Es decir, aquellos autos de alquiler que hacen transporte de personas. Asimismo, agregó que existe una ordenanza que se aprobó este año, en donde la municipalidad de Córdoba establece sanciones económicas para aquellos pasajeros de vehículos a través de aplicaciones centrales, que no estén legalmente constituidas.
También resaltó que ya hay un fallo judicial en CABA en donde el Sindicato de Peones de Taxi hizo la presentación judicial, y “la justicia de la Ciudad declaró ilegal a UBER en ese territorio”. En ese marco, subrayó que ya “hay un fallo que sienta jurisprudencia a nivel nacional. Asique en ese camino van a ir todas las presentaciones que se vayan presentando en el resto del país”.
Para el abogado cordobes, hay varias aristas que se deben abordar a la hora de analizar la legalidad o ilegalidad de UBER. Por ejemplo, las vinculadas a los pasajeros: “la persona que sube a un taxi o un remis sabe quién es ese chofer que lo está trasladando, sea hombre o mujer, porque está inscripto, está en relación de dependencia y tiene toda la documentación para poder estar llevando a esa persona en el vehículo”.
“Los vehículos tienen controles cada cuatro meses, mientras que aquellos que están para una plataforma no se sabe en qué condiciones están, quién lo está trasladando, y aparte en caso de un accidente no se sabe quién responde si UBER o un monotributista como sucede con los choferes de esta plataforma”, remarcó Cafure.
Por último, señaló que también “hay que analizar los antecedentes que tiene UBER en el resto del mundo, y la verdad, que cualquier persona que se va a tomar un transporte va a tener mucha mas seguridad ala hora de subirse en un taxi o en un remis”.