La Justicia tendrá que expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional, ante una acción de amparo promovida en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.
El Correo Argentino tenía hasta esa fecha 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. El plan del gobierno nacional se propone reducir el plantel a 9500 personas en 500 oficinas, en principio con retiros anticipados y, de no alcanzarse la reducción planeada, con despidos.
A la fecha unos 3.500 empleados ya se desvincularon, hubo 377 despidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas en parajes a donde la sucursal local del Correo cumplía muchas más funciones que la administración de correspondencia.
La acción de amparo “en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.
La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, y por ese motivo el intendente decidió acudir a la justicia, recordando además en el amparo que en su comuna Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución.
“Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (...), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (...) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, dice la demanda judicial.
Agrega: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina”.
Marcha atrás
En Santa Regina, pueblito bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, dieron vuelta la taba y lograron revertir el cierre de la oficina de correos luego de que todo el pueblo se uniera en su defensa. La empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad cuando ya le habían notificado al empleado de la sucursal, Diego Mittino, la noticia del cierre del servicio y le habían formulado una propuesta de retiro voluntario o despido.
La oficina de Santa Regina no solo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo crucial: es el domicilio de pago de la jubilación a 105 jubilados y 35 AUH.