A través de una resolución conocida esta semana, el gobierno nacional eliminó una serie de fondos fiduciarios, entre ellos el que financiaba el programa de Becas Progresar. Pese a esto, desde la secretaría de Educación nacional salieron a aclarar que esta medida no impedirá que cerca del millón de beneficiarios cobre su plan, ya que estos estarán a cargo de cada jurisdicción. Sin embargo, la CTERA salió a rechazar la iniciativa, y dijo que “vulnera el derecho a la educación” de miles de estudiantes.
Mediante un comunicado, el gremio docente sostuvo que “el ajuste del gobierno nacional a la educación se profundiza”, a partir de la eliminación del fondo fiduciario de las Becas Progresar, lo que afectaría “a más de un millón y medio de estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario”.
Para la CTERA, esta medida afectará especialmente a los jóvenes, que están hoy muy afectados por el contexto económico. “En un contexto de un brutal ajuste, pérdida del poder adquisitivo, tarifazos, desocupación y de un crecimiento de la pobreza, según datos oficiales correspondientes al primer semestre de 2024, la pobreza entre niños de 0 a 14 años llega al 66,1 por ciento y la indigencia en ese segmento etario llega al 27 por ciento, entre los jóvenes (15 a 29 años) la pobreza llega a 60,7 por ciento y la indigencia a 21,2 por ciento”, explicaron.
Contexto legal
La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano informó esta semana que las Becas Progresar continúan en vigencia y que el más de millón de beneficiarios seguirán cobrando en tiempo y forma, ya que en nada afecta la disolución del Fondo Fiduciario puesto que dicho “nunca fue constituido como tal y el financiamiento de las Becas Progresar tiene su origen en el presupuesto del entonces Ministerio de Educación, hoy Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano”. Este fondo fue creado a través del decreto 57/2022 y tiene como objetivo financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del programa.
CTERA advirtió que la eliminación del Fondo Fiduciario “deja al programa a expensas exclusivamente de las asignaciones presupuestarias que defina el gobierno nacional, que son cada vez más reducidas”. En este sentido, recordaron, “el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el año que viene, propone una asignación de 419.151 millones de pesos para el Progresar, es decir 22 por ciento menos que en 2024 y 69 por ciento menos que en 2023 en términos reales”. “La Ley de Educación Nacional establece que la educación es un derecho social y que el Estado es el garante y el responsable principal e indelegable del financiamiento educativo. Es fundamental que el estado nacional despliegue políticas socioeducativas que fortalezcan la continuidad de las trayectorias estudiantiles”, concluyó el gremio.
Paritarias docentes
En tanto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense informó que fue convocado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para participar en una reunión de la Comisión Paritaria Salarial Docente, celebrada en la sede platense del Ministerio de Trabajo. En la reunión estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público, Hacienda y de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Allí, la gestión expresó “las dificultades económicas por las que atraviesa, recepcionó los planteos del sector y se comprometió a elaborar una propuesta”.
Los representantes del FUDB valoraron “el compromiso del gobernador de mantener la convocatoria al diálogo. Planteamos el requerimiento de recuperación del poder adquisitivo del salario tomando como base de cálculo el mes de septiembre, así como la mejora progresiva de la relación básico–bolsillo”. Asimismo, plantearon “la preocupación ante el mal funcionamiento del Sistema SUNA, de la plataforma Mis Licencias y de la necesidad de una correcta aplicación del Decreto 900/23”.
Desde nuestro Frente marcaron que aguardan “una pronta convocatoria en la cual se pueda definir un nuevo acuerdo que mejore el salario docente y fortalezca el poder adquisitivo frente a la inflación. Es crucial que se tomen medidas efectivas para garantizar condiciones salariales dignas y justas para las y los trabajadores de la educación”.