En un giro inesperado, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos suspendió arbitrariamente las conciliaciones solicitadas por la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) en conflictos laborales con empresas del sector. La increíble razón detrás de esta decisión está relacionada con una denuncia a título personal presentada por un funcionario de la cartera que conduce Walter Correa contra Alejandro Capalbo, referente de la actividad de control de admisión y permanencia de la organización sindical.
Este hecho, que podría parecer totalmente fuera de contexto, desató una serie de acusaciones y desencuentros que involucran a los máximos responsables del Ministerio, a la vez que deja en evidencia graves irregularidades en la aplicación de la normativa laboral, ya que se mezclan temas de índole personal que, en todo caso deben resolverse en la Justicia, con responsabilidades administrativas que el Estado debe cumplir; caso contrario, se perjudica a un colectivo de trabajadores.
La denuncia que generó el conflicto
El desencadenante de la disputa fue una denuncia penal presentada por Juan Pablo Lorenzo, director provincial de Negociación Colectiva, contra Capalbo. El funcionario interpretó como una amenaza un mensaje en el que el dirigente de UPSRA, tras un desacuerdo con el funcionario, dijo que le daría un "gran abrazo" en un futuro encuentro.
Según Capalbo, se trataba de una expresión coloquial, sin intenciones de amenaza, “similar al histórico abrazo entre (Juan Domingo) Perón y (Ricardo) Balbín, que simbolizaba la conciliación y la reconciliación política”, describe, “entre yo que soy peronista y él que no lo es”. Sin embargo, el funcionario optó por presentar la acusación.
La suspensión de conciliaciones: un castigo a los trabajadores
Lo que parecía ser una simple disputa entre un dirigente sindical y un funcionario quien además es también de extracción gremial (es integrante del Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata), pronto se transformó en un problema mucho más grave, ya que la respuesta oficial fue suspender las conciliaciones solicitadas por UPSRA en conflictos con empresas.
Los más insólito de la situación es que el Ministerio de Trabajo bonaerense blanqueó el motivo mediante una cédula de notificación que le envió a un representante legal de UPSRA, donde explica que suspendió una audiencia de conciliación que el gremio pidió con una empresa, justamente por la denuncia de Lorenzo contra Capalbo, dirigente que responde al delegado normalizador de UPSRA en la provincia de Buenos Aires para la actividad de control de admisión y permanencia (CAP)
“Atento a las manifestaciones de un Delegado sindical a autoridades de éste Ministerio, que son de público conocimiento y en virtud de una causa judicial existente, se suspende ésta audiencia hasta nuevo aviso”, dice el texto al que accedió Data Gremial y que lleva la firma de la delegada regional de La Plata de la cartera laboral bonaerense, María Celeste Dovale Despott.
Según Capalbo, esta decisión afecta directamente a los derechos de los trabajadores representados por su sindicato, que buscan resolver conflictos laborales en los cuales se están violando los convenios colectivos.
El dirigente de UPSRA-CAP calificó de "totalmente arbitraria" la suspensión de conciliaciones, argumentando que no tiene ningún fundamento jurídico y que, además, esta decisión contraviene el principio de imparcialidad que debe regir en el Ministerio de Trabajo.
¿Un conflicto personal e intromisión en una interna sindical?
Según Capalbo, la denuncia de Lorenzo y la posterior suspensión de las conciliaciones tienen un trasfondo claro. El dirigente sindical sostuvo que la misma se produce en un contexto en el que Lorenzo, al igual que otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, mostraron un claro favoritismo hacia el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), un gremio que no posee personería gremial para negociar con empresas de seguridad privada (solo puede agrupar a trabajadores que realizan tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que se lleven a cabo en pubs, discotecas, bares, restaurantes de La Plata).
En ese sentido, Capalbo acusó a estos funcionarios de intervenir en la interna sindical en contra de UPSRA, favoreciendo a SUTCAPRA (organización que conduce Leandro Nazarre, dirigente cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich), lo que, según él, afecta gravemente los derechos laborales de los trabajadores.
Para colmo, el mismo día que salió la notificación contra UPSRA (este viernes), al ministro Correa se lo vio a los abrazos con Mario Sagardoytho, dirigente de SUTCAPRA, durante el brindis de fin de año de la regional La Plata de la CGT. Lo que hizo levantar todavía más las sospechas de parcialidad.
El círculo todavía cierra más porque también participó del evento el propio protagonista de este culebrón: Juan Pablo Lorenzo, quien a principios de diciembre mantuvo una reunión junto a Andrés Reveles (subsecretario de Relaciones del Trabajo), con representantes SUTCAPRA. Encuentro que sugestivamente fue difundido en las redes sociales de la cartera laboral bonaerense.
Incumplimiento de la ley
Además de cuestionar la parcialidad de los funcionarios, Capalbo denunció que el Ministerio de Trabajo violó varias leyes, incluyendo la Ley 10.149, que establece que solo a los sindicatos con personería gremial se le puede otorgar conciliaciones e inspecciones en su ámbito de representación.
Según el dirigente, el Ministerio de Trabajo ha permitido que SUTCAPRA, que no tiene personería gremial no solo para actuar en el ámbito de las empresas de seguridad privada sino también para empleadores directos (dueños de bares, boliches, etc) fuera del Municipio de La Plata, le hayan habilitado conciliaciones e inspecciones en todo el territorio bonaerense.
Al respecto, desde UPSRA-CAP ejemplificaron con inspecciones que Trabajo le habilitó a SUTCAPRA este año en distintos puntos del sur del Gran Buenos y Aires y que fueron encabezadas por la inspectora Mónica Parra.
Esas acciones fueron reflejadas por SUTCAPRA a través de sus redes sociales, y según los dirigentes de UPSRA-CAP, fueron autorizadas por el subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón.
Por esta razón, Capalbo sostuvo que, en lugar de atacar a su sindicato, deberían ser los funcionarios del Ministerio de Trabajo quienes respondan por sus actos, ya que facilitaron la aplicación de un convenio laboral con condiciones laborales inferiores al de UPSRA, perjudicando así a los trabajadores. Es por todo esto que el dirigente expresó que está analizando realizar sendas denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El “abrazo” que se transformó en un conflicto
En medio de esta creciente tensión, Capalbo insistió en que su intención nunca fue amenazar a Lorenzo, sino simplemente transmitir que, a pesar de las diferencias, el conflicto debería resolverse de manera pacífica, como un "gran abrazo" en el marco de la conciliación política. El referente de UPSRA-CAP, además, se presentará ante la Fiscalía 11 de La Plata para declarar sobre la denuncia penal presentada en su contra y pedir su absolución, ya que considera que no cometió ningún ilícito.
Persecución sindical
El sindicato UPSRA también denuncia que esta situación constituye una persecución sindical en su contra, ya que la suspensión de conciliaciones y las inspecciones son una forma de castigar a los trabajadores que defienden sus derechos. En ese sentido, asegura que este accionar es una clara violación del artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que prohíbe las prácticas desleales y la intervención del Ministerio de Trabajo en favor de un sindicato en detrimento de otro.
Por su parte, el dirigente hace un llamado a la justicia laboral para que los responsables de esta situación rindan cuentas por sus actos, que, según él, están vulnerando los derechos de los trabajadores y contraviniendo las leyes laborales vigentes.
Por último, en un video difundido en las últimas horas, Miguel Tobar comunicó a los trabajadores del sector que UPSRA-CAP se encuentra en estado de alerta y movilización. “Vamos a ir a las dependencias del Ministerio de Trabajo de la provincia a pedir explicaciones por esta situación”, anticipó.