El interventor de la Obra Social del Personal de Seguridad Privada (OSPSIP), Jorge Carlos Alonso, que fue designado en dicho cargo el pasado 21 de marzo, realizó su primer informe y fue presentado ante la Superintendencia de Salud. Allí expone detalladamente la situación institucional y económica de la entidad de salud.
En ese marco, Alonso arrojó datos que llaman la atención y generaron una situación inaudita. En el texto detalló la contratación indiscriminada de personal y la transferencia de más de 330 millones de pesos en el primer trimestre del año a la Fundación de Médicos Solidarios “sin respaldo alguno más que la firma de la Orden de Pago”.
Cabe resaltar que el informe tiene unas 332 fojas donde se describe de manera precisa todo lo acontecido desde su ingreso a la obra social, es decir, todo el último trimestre. También allí quedó constatado que no existen inmuebles ni propiedades automotores a nombre de la OSPSIP.
Detalles del informe del interventor
A su vez, en el relevamiento de Recursos Humanos, el interventor encontró un “alto número de personal contratado con una antigüedad no superior a los tres meses, superposición de tareas y abultados gastos de mantenimiento de vehículos, siendo que la institución no cuenta con ningún elemento de movilidad”.
Además, según expresó en el informe, detectaron “pagos duplicados a algunos prestadores de salud”, entre innumerables documentaciones que están en proceso de auditoría.
Otro de los capítulos del extenso texto de Alonso es el detalle realizado sobre lo ocurrido durante la gestión del ex interventor Sigifredo Jorge Banegas. El actual interventor describió las erogaciones efectuadas entre el 16 de diciembre de 2022 al 21 de marzo de 2023 mediante transferencias por la suma de 330.915.600 pesos. El monto total es equivalente, en la fecha de la erogación a 1 millón de dólares.
Según señaló en el informe y comprobó con facturas, esos pagos salieron a nombre de la Fundación de Médicos Solidarios de la localidad de Lomas de Zamora, “sin respaldo alguno más que la firma de la Orden de Pago por el interventor cesado”.
“Igual modus operandi se replica con otras fundaciones y empresas que tampoco cuentan con facturas que carecen de documentación respaldaría válida y eficaz”, continuó Alonso.
A ello hay que sumar los gastos mensuales de 14.000.000 de pesos en concepto de seguridad, y 5.000.000 de pesos en concepto de limpieza, “cuando la obra social tiene contratadas para las referidas tareas de limpieza a cinco personas en relación de dependencia”.
Denuncias contra el ex interventor
Tal como informó este medio, a principio de año, la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) denunció a través de una nota firmada por su apoderada, Celeste Ferrara, la escandalosa situación de persecución y despidos masivos que vienen ocurriendo en la intervención encabezada por Sigifredo Banegas de la Obra Social.
En ese momento denunciaron que la situación de OSPSIP no sólo no mejoró para los trabajadores de la actividad, sino que se agravó por la pérdida de prestaciones. “Se dedicó a despedir a más de 100 compañeros en lugar de abocarse a brindar salud a los afiliados, que es para lo que fue nombrado”, explicó la misiva enviada a la funcionaria.