La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción de una asociación civil empresarial porque entre sus objetivos figuran medidas contra “bloqueos sindicales extorsivos” cuyas consecuencias sean “la paralización de la actividad”.
Mediante la Resolución 516, la IGJ –que depende del Ministerio de Justicia- desestimó el pedido “para funcionar” de una entidad denominada Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) porque sus propósitos “no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles”.
El MEAB, que tiene como referente a la mediática abogada macrista Florencia Arietto, había establecido como su “objeto social” constituir “una Red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo creando proyectos e impulsando medidas que conlleven al mejoramiento de las condiciones generales de la actividad empresarial y/o comercial en pos del desarrollo productivo, la inversión y de la generación de puestos de trabajo”.
Este servicio estaba destinado “en particular para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ‘accionar delictivo’ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada”.
La IGJ consideró que “resulta indudable que el objeto social de MEAB se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica –cuando impliquen la paralización de la empresa- como ‘bloqueos sindicales extorsivos’ y/o ‘accionar delictivo’”.
“Tales derechos colectivos –añadió la resolución-, así como los individuales de los trabajadores, se encuentran amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales, y han sido calificados por la jurisprudencia como derechos humanos fundamentales”.
El organismo que encabeza el abogado Ricardo Nissen subrayó que “la interpretación de los asuntos que deben resolverse a través del Código Civil y Comercial no pueden disociarse de las cláusulas constitucionales, de los tratados internacionales, principios y valores jurídicos”.
El MEAB se constituyó como una herramienta político-mediática de choque de empresarios cercanos a Juntos por el Cambio con el objetivo de atacar el derecho de huelga y protesta de diferentes sindicatos a través de la judicialización de los conflictos y la presión y estigmatización a través de los medios que le responden.
Dos duros reveses en menos de un mes
El traspié del MEAB en la IGJ se suma a un reciente fallo de la Justicia dejó firme el fallo de mayo de este año que ordena a Lácteos Vidal la reincorporación de los trabajadores despedidos, después de un largo conflicto en la localidad bonaerense de Moctezuma.
La apelación de la familia Bada Vázquez fue rechazada, y mantiene la orden del Juzgado Nacional de 1º Instancia del Trabajo 69 para que los cesanteados puedan volver a su puesto. Desde el gremio lechero y los empleados afectados festejaron la medida.
El MEAB había respaldado el accionar persecutorio y difamatorio de la empresa en el conflicto. Al rechazar la apelación, los despedidos deberán volver a su puesto, a casi un año de que comenzara la crisis.
“Los trabajadores de Lácteos Vidal hemos sido por años sistemáticamente violentados y ultrajados en nuestra dignidad como trabajadores, pero también como personas”, recordaron los empleados afectados mediante un comunicado que firmaron al conocerse la noticia.
Durante estos meses, además de las horas en programas de televisión de Arietto, se pronunciaron contra los trabajadores los principales referentes de JxC, como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, entre otros.
“Estuvieron todos fogoneando en los grandes medios de comunicación para que la familia Bada Vázquez se victimice y diga un montón de mentiras”, recordó Heber Ríos, secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).