Esta semana, los distintos colectivos que representan a las personas con discapacidad protestaron por el intento del gobierno de desregular el valor de las prestaciones que realiza la seguridad social. bajo la idea de liberar el sector, el temor es que se disparen los precios, y que muchas obras sociales sindicales no puedan afrontarlas. Ese tema fue parte de las negociaciones de la dirigencia gremial con los últimos gobiernos, buscando que el Estado se haga cargo de la mayoría de esos servicios, que cada vez tienen más pesos en las cuentas de las entidades. Otro tema que alarma es la alta tasa de desocupación de las personas con discapacidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 80 por ciento de la población con discapacidad, que representa aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial, no accede al trabajo formal. En Argentina, según datos recogidos en 2018 por INDEC, y en concordancia con la media ubicada por la ONU, la tasa de empleo es de apenas el 32,2 por ciento. Los mismos datos de la ONU revelan que tienen “menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas”. Sin embargo, los datos son peores, en una economía cada vez más informal.
Según reportó en su momento Data Gremial, en la Argentina el 87 por ciento, es decir, casi el 90 por ciento. Esto hizo que se presente un proyecto para que se reformen las leyes actuales, y se promueva el empleo en la denominada “mayor minoría del planeta”.
Las estimaciones sobre el desempleo entre personas con discapacidad se vienen poniendo en evidencia, a partir de estos números catastróficos. En primero lugar, uno de los problemas es la falta de cumplimiento de las distintas normativas que promueven el empleo para este colectivo, tanto a nivel estatal como en el sector privado. Entre ellas se destacan la ley 22.431 y sus modificatorias (a nivel nacional), que fijan un cupo laboral para que las personas con discapacidad, puedan trabajar en el Estado y en sus distintas Reparticiones. Además hay normas locales que plantean la misma situación. En el caso de la Ley Provincial en Córdoba, el cupo laboral es del 5 por ciento; mientras que en el caso de la Nación, el cupo laboral es del 4 por ciento.
“Esto pone en evidencia una política de exclusión laboral, tanto de los gobiernos provinciales como el gobierno nacional que tiene una ley de cupo que no cumple”, sostuvo el abogado laboralista Carlos Cafure, coautor del proyecto de reforma de la cordobesa. La iniciativa, denominada Protección y Promoción Laboral para las Personas Disminuidas, fue presentado en la legislatura de Córdoba y ya ingresó en la Unicameral para su tratamiento. “La impresión que tenemos, más allá que no hay una política de inclusión concreta de los Estados, es que no hay una política para que se cumplan”, dijo Cafure, en diálogo con Data Gremial. La iniciativa fue elaborada junto al diputado provincial Dante Rossi, que lo llevó a la legislatura de la provincia mediterránea.
Proyecto de ley
El proyecto de modificación tiene como objetivo “ampliar derechos que están establecidos en la normativa vigente y crear derechos que consideran necesarios para la realidad que viven las personas con discapacidad y sus familias. Primero incorporarlas para que todas tengan el Certificado Único de Discapacidad”. El artículo 3 del proyecto establece que una vez que tengan el certificado, “el Poder Ejecutivo otorgará unas 150 becas de carreras de nivel terciario y universitario”. En el siguiente artículo, plantean descuentos del 50 por ciento en impuestos provinciales, como así también en los servicios de energía eléctrica y agua potable entre otros beneficios que permitirán aliviar la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad por ser uno de los sectores más postergados a la hora de conseguir un empleo. Además, “exceptuar de todo impuesto provincial a las asociaciones de personas con discapacidad con personería jurídica”.
“La idea es ampliar derechos con relación a las personas con discapacidad, el proyecto es inclusivo, la ley actual tiene terminología bastante agresiva o agraviante cuando se habla de algunas cuestiones, como sordo-mudos o miopes, y ponerle una terminología más acorde a estos tiempos”, explicó Cafure respecto de la propuesta. en este sentido, se aclara que las personas alcanzadas por la iniciativa son quienes tienen CUD, sin nombrar sus características. “Nosotros incrementamos el número de becas, establecemos que el estado de Córdoba debe generar un mínimo de 150 de ellas para que las personas con discapacidad puedan llevar adelante estudios terciarios y universitarios, esto es clave para la reinserción laboral”, destacó el abogado laboralista.
Otro punto importante de la propuesta, que podría servir para otras legislaturas o incluso para modificar la ley nacional, es otorgar una ayuda a las familias con un integrante o más con CUD. “Para eso creamos un registro digital, que debe llevar la provincia, para que se otorguen además beneficios impositivos, y así pagar sólo el 50 por ciento de los impuestos provinciales como las facturas de servicios públicos, es una ayuda para esas familias”, graficó Cafure. Además de los beneficios, se busca que las leyes que rigen se cumplan. “Buscamos que las personas con discapacidad no sientan que la vida se les acabó a los 25 años, y puedan reinsertarse social y laboralmente. Por eso decimos que los cupos laborales deben ser cumplidos, porque son derechos constitucionales”, destacó.
Proceso
Hasta el momento, el proyecto ya cuenta una serie importante de adhesiones: como el propio Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, Mario Alberto Decara. En el caso de Córdoba, Cafure aclaró que según algunos reportes “se estima que hay un universo de 100 mil personas con distintas discapacidades, según los datos de hace dos años, las estadísticas son lapidarios”, resaltó. Respecto del avance de la norma, Cafure dijo que “tenemos toda la expectativa de que se apruebe, cosechamos importantes adhesiones, como el de la Defensoría, es decir, la propuesta tiene un apoyo contundente”.
También, la dirigencia de SADOP Córdoba, del secretario General del Sindicato de Peones de Taxi de esa provincia, Héctor Miguel Arias. Sumó su apoyo el sindicato de obreros Mosaistas de Córdoba, representada por Andrés Domingo Roldán; el secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Río Ceballos y Zona; y el pro secretario de General del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba, Juan Carlos Saillén. En tanto, el legislador Rossi fue informado que en las próximas semanas serán convocados por la comisión de Discapacidad de la unicameral para comenzar con el debate para buscar su aprobación.