El Gobierno presentará una iniciativa para crear Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo en las empresas.
Si bien en algunos sectores como la industria automotriz y la de la alimentación vienen funcionando en los hechos, existe cierta resistencia en algunos ámbitos del sector privado a la iniciativa, porque se teme que aumente la injerencia de los sindicatos sobre la actividad privada.
Como ejemplo, fuentes del sector supermercadista consideraron que el proyecto es una vía "peligrosa" de injerencia para controlar el negocio.
La iniciativa es impulsada por el presidente Alberto Fernández y cuenta con el aval de la CGT.
Moroni dijo que la propuesta "no incluye ningún artículo que se pueda interpretar que aumenta la injerencia estatal".
"Es un proyecto similar o más avanzado a otros que ya tienen vigencia en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, que son dos de las más industrializadas del país", sostuvo Moroni.
El Ministro dijo que el proyecto abarcará a empresas "de más de 100 trabajadores".
Dijo que las comisiones mixtas de evaluación estarán compuestas "con los mismos delegados sindicales y con paridad de género", y que tendrán como misión "tratar temas de prevención de daños, salud y seguridad en el trabajo. No hay ningún artículo que hable de la injerencia estatal".
Moroni defendió esa iniciativa acordada con la CGT para crear comités que controlen condiciones de trabajo en las empresas.
Qué dice el proyecto
El proyecto crea Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo en las empresas.
Estarán integrados por representantes gremiales y de las empresas.
El Gobierno informó que el proyecto sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creando un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas que mejoren y garanticen la salud de los trabajadores.
En las empresas que tengan más de 100 trabajadores será obligatorio contar con estos Comités, si se aprueba el proyecto.
Además, deberán contribuir a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.
En las empresas más chicas "se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo".
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo, que podrá intervenir cuando "las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador o empleadora no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo".
"En los casos en que la autoridad de aplicación respectiva compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas", sostiene el proyecto.