En un comienzo de año relativamente calmo en cuanto a la conflictividad sindical, el Gobierno monitorea el reclamo del gremio de los trabajadores rurales (UATRE) por el bono de fin de año que, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), asciende a un monto de 50 mil pesos, pero hoy es resistido por las patronales del sector.
Judicialización de la patronal agraria
La resolución, en verdad, abrió un nuevo conflicto con las entidades reunidas en la Mesa de Enlace que, disconformes, incluso amenazan con judicializar la medida: al pago no remunerativo de 24 mil pesos establecido por decreto del Ejecutivo nacional se le suma un adicional para el sector con lo que en total el plus asciende a los 50 mil pesos.
En principio, los dirigentes ruralistas presentaron “un recurso administrativo” ante el ministerio de Trabajo para evitar pagar dicha retribución.
El titular del gremio, José Voytenco, había adelantado días atrás que “hemos logrado el bono de fin de año de 50 mil pesos para los trabajadores rurales de todo el país incluidos en la Ley 26727. Seguimos las negociaciones para incrementar y mejorar los salarios de nuestro gremio”.
La UATRE advierten que están dadas las condiciones y se prepara para ir a la Justicia
En el sindicato descuentan que las entidades ruralistas están en condiciones de afrontar los pagos pero que han decidido no acatar lo dispuesto por el órgano colegiado y que incluso para tal fin recurrirían a la Justicia.
En la cartera de avenida Alem, donde Kelly Olmos se habría tomado esta semana unos días de descanso, cuentan que es probable que desde el gremio eleven una protesta “y hagan algún tipo de presentación” para exigir el urgente pago del adicional de fin de año.
El inicio de 2023 trae algunas revisiones paritarias y el persistente reclamo del moyanismo para que el Gobierno finalmente se decida a “universalizar” las asignaciones familiares que hoy sólo cobran la mitad de los trabajadores del sector privado.
El Gobierno confía en que la economía seguirá estabilizándose
Entre las actualizaciones paritarias pendientes, se cuenta la de los estatales nacionales que Jefatura de Gabinete convocaría recién para la segunda mitad de enero. Tanto en ATE como en UPCN esperan lograr un refuerzo que les permita al menos equiparar la inflación del período paritario que finaliza el próximo 31 de mayo.
En el Gobierno son optimistas que el sendero de paulatino descenso de la inflación, que aseguran en Economía continuará al menos hasta el primer trimestre de 2023, les exigirá un menor gasto fiscal considerando, además, que deben cumplir con las metas trimestrales con el FMI en cuanto a emisión, gasto y acumulación de reservas.