Basándose en las resoluciones de las Salas VIII y IX de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo desconoció el acto electoral que consagró a Leónidas Requelme al frente de un intento de “Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) paralela” y le negó la certificación de autoridades solicitada por el dirigente.
De esta manera, se despeja aún más el camino hacia la normalización del gremio que comenzó cuando su titular, Ángel García, fue restituido en su cargo en diciembre de 2019 por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien dio por tierra tres años de irregulares intervenciones de la organización por parte del gobierno macrista, con Jorge Triaca a la cabeza. De esa manera, la cartera laboral que conduce Claudio Moroni, determinó certificar a las autoridades del gremio con García como secretario general, definidas en las elecciones realizadas en 21 octubre de 2016.
Así las cosas, las intentonas de Requelme de validar su “cargo” fantasma se esfuman y sólo queda una instancia ante la Corte Suprema de Justicia.
El largo camino de la normalización
Tras los desmanes cometidos por la intervención macrista (cabe recordar que hubo fallos judiciales que habían determinado el cese de la injerencia en 2018 y 2019 que derivaron que se declara incurso en desobediencia judicial a Triaca, al igual que su sucesor Dante Sica), García tuvo que también lidiar con intrusiones y destrozos provocados por el sector de Requelme.
De hecho, luego de su reasunción, García denunció al bando de Requelme de apropiarse de manera ilegal de edificios, predios recreativos e instalaciones de la UPSRA.
Este es uno de los frentes que parece normalizarse para la conducción de García. Aún queda pendiente la recuperación de la obra social del gremio, OSPSIP, hoy intervenida por Ricardo Bellagio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), sobre quien pesan gravísimas denuncias.
En síntesis, la conducción de la UPSRA lo apunta por el “brutal vaciamiento” de la obra social, que incluye suspensión de pagos de salarios (en algunos casos) y demora en su liquidación (en otros) y despidos masivos, “violando decretos presidenciales”, a la vez que se redujeron drásticamente los servicios de salud para los afiliados, entre otras irregularidades.