El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) se encuentra en estado de alerta y movilización a partir de la realización de asambleas permanentes en las estaciones de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) ante la falta de respuesta del gobierno nacional: denuncia que 500 empleados en actividad están en riesgo de perder su empleo tras el vencimiento del contrato de concesión el próximo 8 de abril.
Las reuniones se iniciaron este jueves y son de 3 horas por turno con barreras levantadas, estableciéndose el siguiente cronograma: turno mañana, de 11 a 14; turno tarde, de 17 a 20 y turno noche de 22 a 1.
A días de dicha finalización, la entidad gremial mencionó que los trabajadores “no reciben garantías sobre su continuidad laboral, lo que genera un clima de tensión, incertidumbre y preocupación en todo el sector”. En este contexto, consideró que hay muchas soluciones posibles y viables, “pero nos encontramos ante la falta de voluntad de Vialidad Nacional”.
En este sentido, desde el sindicato plantearon dos alternativas. La primera es prorrogar el contrato de concesión a CRUSA hasta la toma de posesión de quien resulte adjudicatario de la licitación; mientras que la segunda propuesta consiste en el traspaso de los trabajadores a Corredores Viales por el tiempo que dure el proceso licitatorio para luego ser incorporados a la nueva concesionaria.
Además, consideraron “inadmisible que pretendan dejar este corredor fundamental para el comercio internacional de la Argentina en manos de quienes fueron los artífices y responsables de la desidia y el abandono de las rutas de nuestro país y refugio de varios personajes sospechados de estar ligados a maniobras de corrupción de la obra pública”.
Con estas asambleas -enfatizaron- “SUTPA deja en claro que no cesará en su lucha hasta lograr respuestas claras y concretas; los trabajadores pueden y deben estar en los pliegos de concesión”.
Posteriormente, resaltaron: “Somos argentinos de bien, gente trabajadora y queremos seguir trabajando”.
También, convocaron a todos los medios de comunicación a acompañar y difundir la situación para que “el Gobierno tome dimensión de la urgencia de resolución de este conflicto que además pone en riesgo la seguridad de miles de usuarios”.
“Exigimos responsabilidad de las autoridades ante la grave situación que enfrentan los trabajadores de peajes de la ruta del Mercosur”, puntualizaron.
Posibles consecuencias
“Nadie da garantía sobre la continuidad laboral, tampoco sabemos quién se hará cargo de las indemnizaciones correspondientes”, advirtieron desde el gremio que lidera Florencia Cañabate cuando establecieron el estado de alerta.
Para el SUTPA, esta situación “no solo pone en riesgo la estabilidad de las cientos de familias que pertenecen a dicha empresa, sino que también afecta la seguridad de los miles de usuarios que transitan por estas rutas, ya que con la intervención de vialidad nacional sobre la administración de las rutas 12, 14 y 172 se llevaría a cabo la suspensión indefinida del cobro de peajes, y esto solo generaría un deterioro mayor de la infraestructura vial”.
Asimismo, pidieron “respuestas urgentes al gobierno nacional y a las autoridades pertinentes, con el fin de proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura vial de estas rutas que son esenciales para el comercio regional”.