Crece el escándalo en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En medio de la causa por los incidentes de diciembre de 2019, cuando una protesta de choferes terminó con la toma de la sede central del gremio, un trabajador admitió haber recibido dinero de parte de las autoridades del gremio dirigido por Roberto Fernández, para incriminar al principal referente de la oposición, Miguel Bustinduy.
Se trata del testimonio de Juan Seguí, presentado ante el expediente el mes pasado, donde el hombre confiesa que recibió como paga 4 millones de pesos a cambio de señalar a Bustinduy como responsable de los incidentes y la toma del edificio el 16 de diciembre de 2019.
Miguel Bustinduy, que encabeza la agrupación “Juan Manuel Palacios”, afirmó que con esa acusación no solo se buscó asociarlo a eventuales delitos sino también marginarlo de la elección interna del sindicato de septiembre de este año.
Más testimonios contra Roberto Fernández
Al expediente también fueron incorporadas grabaciones en las que el abogado Silvio Piorno, apoderado del sindicato y del propio Fernández, llevaba adelante el acuerdo con Seguí. En la presentación se menciona además a otro testigo, en este caso de identidad reservada que también habría sido contactado por la conducción del gremio para que inculpen a Miguel Bustinduy.
“El abogado (Risi) me dice que tiene contactos con la UTA y que a mí me convenía defenderme individualmente, que le podíamos sacar plata a la UTA, que él trabajó con un caso de la Uocra y que se dedicaba a los casos penales gremiales. Me dijo que necesitaba que yo declare contra Miguel Bustinduy, Alejandro Borelli, Walter Osvaldo Fernández ‘Mafalda’, Carlos Franco y Morandi", detalló.
Y agregó que "también me pidió que si podía señalar a algún otro que lo haga, que ellos querían armar la causa, que desde el gremio estaban interesados en sacar del medio a la agrupación Palacios”.
Luego, el testigo aseguró que pidió 250 mil dólares a cambio de una declaración de esas características y que la negociación se extendió hasta el 14 julio del año pasado, cuando en una nueva reunión en un bar de Urquiza y San Juan, en la ciudad de Buenos Aires, llegó Risi con otro abogado.
“Se presentó, era el doctor Silvio Piorno, abogado de la Mutual de UTA y abogado personal de Roberto Fernández, según me dijo, eso me llamo la atención (…), reafirma cada palabra de Risi, que quería a todos los que estaban en la agrupación Palacios que los involucre como que esto estaba orquestado desde antes (el asedio a la sede del gremio y la toma del edificio), que nunca fue la intención dialogar, sino entrar a romper todo, que participaron los barras, que Miguel Bustinduy estaba involucrado como el organizador".
Además, "tenia que nombrar a los duenos de DOTA (empresa de colectivos de las más importantes del AMBA y donde el referente opositor se hizo fuerte como delegado), como que estaban atrás de todo eso, como que estaban arreglados con Bustinduy”, agregó.
En medio de la negociación, le habrían contraofertado 2 millones de pesos pero el “arrepentido” dijo haber exigido 4 millones de pesos a lo que sus interlocutores supuestamente habrían accedido. A la semana siguiente se habría concretado el pago en otro encuentro, en una plaza de Ezeiza donde el testigo dijo haber firmado una declaración por escrito y que los letrados le avisaron que en diciembre debería presentarse en el expediente sólo para ratificar el tenor de aquel texto.
Roberto Fernández está al frente de la UTA desde 2008 y llega decían de denuncias por mala gestión y conflictos con los trabajadores y trabajadoras del sector. Además, ya fue denunciado por diversos dirigentes por no permitir democratizar las elecciones en el gremio.