Santiago Asís Paulucci, vicepresidente de la firma Control de Admisión y Permanencia S.A (CAPSA) denuncia que el secretario de Prensa del gremio platense de los patovicas Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) “es apoderado de la empresa de seguridad AMPADTROL S.R.L, tal como dice el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires N° 28.494 del miércoles 3 de abril de 2019, en su página 129”, detalla el empresario.
Denuncia de persecución y de intentar forzar un mal encuadramiento
En diálogo con Data Gremial, Asís Paulucci asegura que desde hace años “sufrimos persecución y hostigamiento, ya que en cada evento que nos presentamos a trabajar SUTCAPRA nos cae para impedirnos trabajar”. Y ejemplificó: “Sin ir más lejos, en agosto de este año nos hicieron una ‘medida de fuerza’ en el bar John de La Plata, donde cerraron los accesos con banderas y dejaron encerradas a trabajadoras de nuestra empresa, privándolas de su libertad. El amedrentamiento incluyó el uso de fuegos artificiales. Hicimos una denuncia penal y una llamada al 911”, relata.
Según el vicepresidente de CAPSA, la persecución tiene que ver con que su firma aplica el convenio colectivo 507/07 de la seguridad privada “que es el que corresponde para nuestra empresa, ya que el control de admisión y permanencia es una rama más dentro de ese CCT”, describe Asís Paulucci.
En efecto, la resolución 106/2009 le otorga a SUTCAPRA la personería gremial únicamente para agrupar a todos los trabajadores que realizan tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que se lleven a cabo en pubs, discotecas, bares, restaurantes de La Plata.
Es decir, que este sindicato solo puede tener la representación de los trabajadores que realizan las tareas de control de admisión y permanencia para empleadores que son de contratación directa, y no para empresas tercerizadas que realizan el servicio, como es el caso de CAPSA, que es el ámbito de representación -como se dijo- del convenio colectivo 507/07 de la seguridad privada (el artículo 4 de esa norma dice con claridad).
Celso Gómez y SUTCAPRA, apuntados por Asís Paulucci
“Ellos firman con una cámara de Tucumán (N. de R: Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina -FEDRA-) que no tiene la mayor representación en la provincia de Buenos Aires, porque la sí la tiene es la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires, CEDIBBA. Sea como fuere, no me pueden obligar a firmar con el convenio de ellos porque sería un mal encuadramiento sindical. Es como si estuviera cubriendo seguridad en una farmacia y por eso me quisieran obligar a aplicar el convenio de farmacéuticos”, grafica el empresario.
A partir de ahí, Asís Paulucci enlaza todo lo descripto con su acusación hacia Celso Gómez. “Ellos inventaron una entidad, la Cámara Argentina de Empresas de Control de Admisión y Permanencia, CAECAPRA, pero como no tiene el aval del Ministerio de Trabajo recurren a FEDRA. Es una triangulación”, asevera el empresario.
Y continúa: “El presidente de esa cámara, a la que no pertenezco, es Antonio Amarilla, dueño AMPADTROL S.R.L, firma que maneja su hijo y cuyo representante legal, como dice el Boletín Oficial bonaerense es Celso Gómez, secretario de Prensa de SUTCAPRA. Algo que es completamente incompatible. O sea que atiende de los dos lados del mostrador”, denuncia Asís Paulucci.
Asimismo, concluye: “Ahí entiendo porque SUTCAPRA nos persigue y no así al resto de las empresas afiliadas a esa cámara. Y viendo la nota de Data Gremial sobre el director del ReCap, Julio Amesti, también entiendo porque recomienda a esas empresas”.
Por otro lado, el empresario afirma que “oh, casualidad, los mejores lugares para trabajar en la noche los tienen asignados las empresas que integran esa cámara CAECAPRA. Es evidente la presión que ejercen desde el SUTCAPRA para que eso suceda”.
Habría “conflicto de interés”
Más allá de que el empresario aseguró que próximamente presentará la denuncia correspondiente en la Justicia, también sugiere a afiliados de SUTCAPRA hacer lo propio.
“Esto se encuadra en una causa de expulsión de Celso Gómez del sindicato por práctica desleal. Claramente es un perjuicio el que provocó a cada uno de los afiliados del SUTCAPRA, por el conflicto de interés que supone detentar ambos cargos”.
Según la ley argentina, un conflicto de interés es una situación generada por la colisión entre las competencias de decisión que tiene un individuo y sus intereses privados. Esta colisión afecta a la objetividad de la decisión adoptada en cada uno de los cargos que ejerza.
“A todo evento, el señor Celso Gómez está realizando en el ámbito privado una actividad sobre la que tiene atribuciones en ejercicio de su cargo gremial”, finaliza Asís Paulucci.
Al cierre de esta nota, Data Gremial intentó contactarse con Celso Gómez para conocer su versión sobre los hechos que Asís Paulucci le endilga, pero no hubo respuesta.
El SUTCAPRA “metido” en la elección de UPSRA
Es conocida la disputa del SUTCAPRA con el sindicato de los vigiladores privados Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) por la representación de trabajadores que realizan tareas de control de admisión y permanencia. En ese sentido, no deja de ser llamativo que en las elecciones de la UPSRA, en la lista Verde que encabeza el opositor Julio Gutiérrez figure como candidato a Tesorero Leandro Nazarre, titular del SUTCAPRA. ¿Un “caballo de Troya”? ¿Una estrategia para detonar el gremio desde adentro?