La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció con “extrema preocupación” que el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, ordenó a todos los distritos del país a “dar de baja los contratos de obra pública vigentes”.
En un contexto desfavorable donde numerosas rutas, puentes y caminos del país son arrasadas por las extremas inundaciones, el funcionario dio la controversial instrucción mediante la nota NO-2025-23517811-APN-DNV#MEC.
En un comunicado, la entidad gremial consideró que el hecho “representa el retiro total del Estado en la infraestructura vial, dejando en el abandono absoluto a las rutas nacionales y exponiendo a millones de argentinos a condiciones de tránsito cada vez más peligrosas”.
Al respecto, sentenció que “se profundiza así el proyecto privatizador del gobierno, que no sólo busca el desguace de Vialidad Nacional, sino también beneficiar a empresas privadas a costa de la seguridad y la conectividad del país”.
No garantizan seguridad
En el mismo sentido, ahondó las consecuencias de la medida al señalar que “la nota oficial establece que la medida afectará tanto a las rutas que serán concesionadas bajo el Decreto 28/2025, como a todas aquellas fuera de la red concesionada”. “En otras palabras, se interrumpen los contratos de mantenimiento, los acuerdos de provisión de insumos esenciales y cualquier otra acción que garantice rutas seguras y transitables”, sintetizó FEPEVINA.
“Estamos frente a un nuevo intento de implosionar Vialidad Nacional desde adentro. Con esta decisión, se condena a pueblos y regiones enteras al aislamiento, tal como ocurrió con el ferrocarril en los años 90”, alertaron los integrantes de la Federación.
Asimismo, entendieron que “no habrá inversión pública, no habrá mantenimiento y no habrá seguridad vial”, al tiempo que consideraron que “el objetivo es claro: debilitar a Vialidad Nacional hasta su colapso para justificar su entrega al sector privado”.
“Desde FEPEVINA advertimos que este camino solo llevará a más accidentes, más muertes en las rutas y un país desconectado, con provincias enteras sin acceso a infraestructura básica”, enfatizaron.
No obstante, adelantaron que “no permitiremos que se repita la historia”, a la vez que llamaron “a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a resistir este plan de vaciamiento y a exigir un modelo de gestión vial pública, transparente y en beneficio de toda la ciudadanía".
Al concluir el mensaje, exclamaron “no al desmantelamiento de Vialidad Nacional” y “no a la entrega de nuestras rutas al negocio privado”. Luego, puntualizaron que mantendrán “la defensa irrenunciable del patrimonio Estatal y la seguridad vial”.
Una situación que fue alertada
A mediados del mes pasado, FEPEVINA criticó al gobierno nacional por el inicio del proceso formal de licitación para privatizar más de 8 mil kilómetros de rutas de todo el país.
Junto con esto, el Ministerio de Economía adelantó que comenzará una reforma en la Dirección de Vialidad Nacional, el organismo a cargo del control de los caminos. Esto incluye cambios en la estructura, que traerá aparejado un 30 por ciento de reducción del personal. Ante esto, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) criticaron la decisión de la gestión libertaria, y alertaron que “la destrucción avanza”.
En ese momento, entendieron que con estas transformaciones “lejos de ser una modernización, representará un achicamiento brutal de entre el 20 y el 30 por ciento del personal, lo que equivale al despido de entre 1000 y 1500 trabajadores sobre un total de 5200”.