Luego de reunirse con el sector dialoguista de la CGT, el jefe de Gabinete Guillermo Franco estuvo con un sector de empresarios, con quien trató el tema de los bloqueos sindicales. En la cumbre con la dirigencia cegetista, el funcionario se comprometió a revisar al artículo de la reforma laboral que considera “justificante de despido” estas acciones. Pero a los integrantes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que piden esta penalidad, los trató de convencer que esta promesa no implica dar el visto bueno a esta práctica.
Francos hace equilibro entre ambos sectores para evitar confrontaciones. Luego de reunirse con el MEAB, que nació para denunciar los bloqueos que consideran “ilegales”, buscó calmar las molestias empresariales. Según el portal Infobae, el funcionario aseguró que “el acuerdo con la CGT para consensuar la reglamentación del artículo ‘anti bloqueos’ de la reforma laboral no implica ninguna decisión en desmedro del sector empleador” y sostuvo que “la libertad de las empresas y de trabajar no se verá afectada” por lo que se resuelva.
Tras conocerse este acuerdo con la CGT, los referentes del MEAB pidieron una audiencia con Francos para expresarle su preocupación por lo acordado el lunes pasado con dirigentes sindicales, entre esto crear una comisión tripartita para consensuar la reglamentación del artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado.
Duras críticas
A partir de las versiones, el MEAB difundió un duro comunicado de prensa, firmado por su titular, Juan Méndez, en el que calificó como un “dislate” que se “transformara en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente”, al “integrar al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante”.
Ante las diferencias sobre el tema que había en el propio gabinete, y para no acceder al reclamo cegetista de atenuar el artículo anti-bloqueos, mediante la incorporación de un procedimiento previo para que los jueces determinen si hay injuria grave por los bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador, el gobierno decidió finalmente no reglamentar ese artículo.
Esa fórmula permitió destrabar el decreto reglamentario de la reforma laboral, que se publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial, y tuvo sabor a empate entre las sugerencias cruzadas de empresarios y sindicalistas sobre el artículo “anti bloqueos”. Pero, sorpresivamente, desde el gobierno accedieron al pedido de la CGT de reglamentar ese punto de manera consensuada y tripartita.
Protocolo
Ante este foco de tensión, desde el oficialismo trataron de tranquilizar a los empresarios. Primero, se negó que existiera una marcha atrás del oficialismo sobre aquel artículo: “Solo queremos establecer un protocolo previo en los casos de bloqueos”. Eso es justamente lo que reclaman los sindicalistas y rechazan los empresarios. “Les manifestamos el compromiso del Gobierno con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Argentina en libertad, bajo el manto de la ley y de los derechos consagrados en la Constitución”, publicó el jefe de Gabinete en X al anunciar el encuentro con los integrantes del MEAB. Y agregó: “Mantenemos abiertos los canales de diálogo y consenso necesarios con todos los sectores”.
En su reunión con los empresarios, justamente, Francos resaltó que no existe una decisión de favorecer a la CGT, pero dijo que como jefe de Gabinete debe “escuchar a todos” y que “no es fácil conformar a todas las partes”. Tras destacar que tiene “un conocimiento real de la situación empresaria argentina”, les pidió a los empresarios que le tuvieran “confianza” al Gobierno. Méndez, a su vez, le respondió que tomaba sus palabras con “respeto y responsabilidad” y, por ende, que esperaba que “toda esta instancia llegara a buen puerto”, mientras enfatizó: “La preocupación más fuerte de nuestra institución es que se mantenga la libertad laboral y por eso planteamos nuestra inquietud por la discrecionalidad que plantea la CGT para justificar la comisión tripartita”.