En medio del conflicto colectivo derivado de la pérdida salarial de sus trabajadores, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei está intentando intervenir en el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas. Según denunciaron los gremios aeronáuticos nucleados en el Frente Aéreo, además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, el Ejecutivo pretende cuestionar la legitimidad de la representación del Programa de Propiedad Participada (PPP) en el Directorio de la empresa. Es en alusión el ataque que está recibiendo el secretario general de pilotos, Pablo Biró por su rol en el Directorio de la aerolínea de bandera, a quien el Ejecutivo libertario decidió expulsar.
Vale mencionar que el PPP es el titular accionario del resultante de la privatización de Aerolíneas Argentinas en la década de los 90, y su representante en el Directorio, Biró, tiene un papel fundamental en la toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, el gobierno busca alterar este funcionamiento interno, lo que podría tener graves consecuencias legales y laborales.
En una declaración conjunta, el Frente Aéreo integrado por Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) denunciaron que la cadena de ilegalidades que el gobierno pretende cometer es “alarmante”. En primer lugar, hay que destacar que las acciones de los trabajadores en Aerolíneas Argentinas se rigen por la Ley 23.696, un régimen legal específico que protege sus derechos. Esta ley es la misma que el gobierno utilizó para impulsar nuevas privatizaciones a través de la denominada "Ley Bases", aunque en este caso no incluyó a Aerolíneas Argentinas en la lista de empresas privatizables.
A su vez, detallaron que la ley 23.696 establece todo un régimen especial de participación de los trabajadores del ente a privatizar, dando una específica autonomía a las acciones que se adjudicaron en tal carácter estableciendo que ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias podrán integrar el PPP; indicando que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar; determinando la inclusión de convenios de Sindicación de Acciones que establecen la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos.
Es decir, la representación del PPP en el Directorio de la empresa es consecuencia de dicho carácter, de la titularidad individual, pero de gestión colectiva de dichas acciones, y por tanto el representante tiene los siguientes cometidos: a) representar a dicha categoría de accionistas; b) responder ante ellos; c) recibir mandato e instrucciones de los mismos.
“La intención del gobierno de desplazar al Director designado por la PPP, es decir por accionistas independientes, importa una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social. A la vez es un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas”, señalaron los gremios aeronáuticos.
Falta de respeto a la legislación laboral
El intento del gobierno de alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas es un claro ejemplo de su “falta de respeto por la legislación laboral y los derechos de los trabajadores”. La representación del PPP en el Directorio es legítima y necesaria para garantizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa.
En este contexto, es fundamental que los trabajadores y la sociedad en general se opongan a estas medidas ilegales y antidemocráticas. La defensa de los derechos laborales y la protección de la empresa pública son fundamentales para el bienestar de los argentinos.
Por último, resaltaron que “este gobierno parecería no detenerse ante nada, especialmente ante la ley, puede afectar derechos privados, incluso derivados de la propiedad de acciones de una sociedad anónima, y confunde una sociedad regida por sus propios estatutos y legislación comercial, con el mismo Estado”.