En días donde la represión es cuenta corriente, Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba y la CTA Córdoba, denuncia la política represiva del Gobierno hacia los luchadores populares. "La judicialización de los luchadores populares va de la mano de la política represiva que tiene el Gobierno", afirmó Giuliani, quien también es víctima de esta persecución.
Según Giuliani, el Gobierno de Córdoba lleva adelante una política de criminalización de la protesta social y judicialización de los luchadores populares desde antes de la asunción de Javier Milei. Esto se refleja en un fallo judicial de abril del año pasado, que considera la movilización como un delito.
“A los pocos días de este fallo inconstitucional, junto con cinco dirigentes piqueteros más nos meten dos causas: una es obstaculización del transporte público y otra es desacato a la autoridad. Eso significó que nos pintaran los dedos y que me sacaran el celular en una medida peligrosa que es para sacar de la cancha a los luchadores populares y sobre todo a las organizaciones más combativas sean sindicales sociales o políticas”, expresó el dirigente.
Al día de hoy, la imputación de obstaculización del transporte público fue elevada a juicio, mientras que por la de desacato a la autoridad, los imputados fueron absueltos.
La judicialización de la protesta social es un tema que siempre generó debate en la Argentina. Algunos expertos consideran que la justicia se convirtió en una herramienta para reprimir la disidencia y silenciar a los opositores.
Profundización con el gobierno de Javier Milei
Para el líder de ATE Córdoba, la situación empeoró aún más con la asunción de Javier Milei como presidente. El 11 de diciembre pasado, ATE hizo el primer piquete al gobierno nacional, comenzando un proceso de lucha por la ola de despidos que hubo en el Estado Nacional.
“Javier Milei nos estigmatizó y generó que fuéramos parte del relato en donde achicar el Estado significa despedir para después vaciar las empresas y organismos públicos para venderlos” puntualizó Giuliani.
Luego, el 25 de mayo cuando el presidente neoliberal visitó la ciudad de Córdoba con la intención de firmar el Pacto de Mayo hubo un importante corte en el aeropuerto local. Allí le impidieron trasladarse en auto hacia el centro, y tuvo que hacerlo en helicóptero.
“Ahí nosotros fuimos reprimidos por la Gendarmería, nos fuimos al centro y como era un cabildo abierto quisimos saber de qué se trataba. En esa situación la policía de la Provincia junto con la infantería y la inteligencia de la Casa Rosada, nos impidió la entrada e inmediatamente sin mediar palabra hubo una represión desmedida”, recordó el sindicalista.
En esa jornada hubo 14 trabajadores heridos de balas de goma constatadas en el Hospital Misericordia de Córdoba. Giuliani recibió tres balazos. A los tres días, -martes 28- un grupo de Policía Civil, sin aviso, allanó su domicilio particular en Río Cuarto: “Obviamente la dan vuelta, se llevan otra vez un celular personal mío y un celular de mi hijo más chico, que justo estaba ahí”, explicó el dirigente.
A raíz de ello, lo acusaron de “incitación a la violencia e intimidación pública”, aunque aún no fueron llamados por dicha causa, Giuliani se presentó en los Tribunales Federales y allí le pintaron los dedos y le fijaron una fianza de 10 millones de pesos para quedar en libertad.
Giuliani apuntó que la criminalización de la protesta se sigue profundizando con las medidas del gobierno nacional como la aprobación del “protocolo antipiquetes” gestado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Además del protocolo, hay toda una política de persecución, de hostigamiento permanente de la Policía de la Provincia de Córdoba para con mi persona y para con ATE. Por ejemplo, cada vez que queremos salir del sindicato que hay una actividad ya sea un plenario una charla cultural o convocar una movilización está la policía siempre antes, rodeando la manzana y siempre hay personal de civil de hecho”, denunció.
Por último, Giuliani resaltó que la criminalización de la protesta y la judicialización de los luchadores populares no es algo nuevo, es casi un mecanismo que siempre se utilizó para mitigar las revueltas sociales y bajarle la espuma a la conflictividad. “Si los referentes están judicializados ¿qué le queda a un ciudadano de a pie?”, se preguntó el dirigente sindical. Y concluyó: “Lo que no tienen en cuenta, es que cuando la gente tiene hambre o pierde el trabajo va a salir igual a reclamar y no le van a alcanzar las cárceles para llenarla de luchadores populares que estén en procesos de judicialización”.