Los legisladores nacionales del PRO de Santa Fe Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz arribaron a la sede central de SanCor para amenazar y agredir a los trabajadores en conflicto calificándolos de "delincuentes" y afirmando que "no van a parar hasta verlos en la cárcel".
El Cuerpo de Delegados del Personal de Sancor con un comunicado titulado “¡Éramos pocos y llegó la casta!” tildó a Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz de “vulgares agitadores, que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza”.
Según relataron los delegados, los diputados confesaron “que hace poco se interesaron por el tema SanCor” e insólitamente les dijeron “que un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito”.
Ante esas expresiones, los delegados retrucaron “que los trabajadores en conflicto que luchan por su sueldo tienen toda una vida trabajando en la empresa” y cuestionaron la intromisión política en los debates entre trabajadores, al recordar que “vemos diariamente tanto en los Concejos Deliberantes de cualquier municipio, en las legislaturas provinciales y en el Honorable Congreso de la Nación las tremendas discusiones y acusaciones de todo tipo y calibre entre diputados/as y senadores/as calificándose unos a otros de tira bombas, traidores a la patria, coimeros, apretadores, etc., etc. y hasta con intentos de irse a las manos".
El desprecio por los trabajadores y la pertenencia a una organización antiobrera ilegal
Por otra parte señalaron que "estos personajes consideran a las y los trabajadores, ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo".
Los legisladores del Pro dijeron pertenecer, además, al Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Sala I de la Cámara Civil, declarándose su objeto "contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga" que es un derecho constitucional.
Por último, consigna el comunicado de los delegados y del personal de SanCor que "demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a las y los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras; a querer hacer política con la leña de un árbol caído. Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes".