Los gremios docentes de los distintos niveles que integran la CGT emitieron esta semana un documento donde anunciaron el estado “de alerta y movilización” en rechazo al capítulo del proyecto de Ley Bases o Ley Ómnibus, que plantea modificaciones en materia educativa. Los referentes de AMET, CEA, FEDUN, SADOP y UDA le enviaron el texto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, para expresarle su “rotundo rechazo” al contenido del Título VI Capítulo II Educación. Además, pidieron que se llame a la Paritaria Nacional Docente.
A través de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, los gremios indicaron que la propuesta enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional es un "avasallamiento antidemocrático que representa un retroceso sin par en lo concerniente a derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes, y que abre el camino al desfinanciamiento y la mercantilización educativa".
"Dicho proyecto reforma el Artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, eliminando la paritaria nacional docente, que es el ámbito en el cual se discute y establece el salario mínimo docente para todas las jurisdicciones del país, como así también toda cuestión de índole laboral", denunciaron y agregaron que el proyecto de ley que comenzó a tratarse este miércoles en la cámara de Diputados "pretende que este salario sea determinado anualmente por el Consejo Federal de Educación, eliminando toda posibilidad de negociación entre partes".
Paritaria nacional
Además, los sindicatos docentes de la CGT solicitaron la convocatoria para discutir el salario mínimo inicial docente, “en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo 26075, artículo 10". En el mismo sentido reclamaron al secretario "actualizar y recomponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)" y otras cuestiones "vinculadas a nuestros derechos laborales vigentes y salariales".
El pronunciamiento de los sindicatos alerta sobre las consecuencias de estas reformas, calificándolas de “antidemocráticas sin precedentes”. Se destaca la intención de eliminar la negociación colectiva al proponer que el salario sea determinado anualmente por el Consejo Federal de Educación, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva y dejando la fijación de salarios en manos del Estado. Además, se señala la declaración de la educación como servicio esencial, amenazando el derecho a la huelga y abriendo la puerta al desfinanciamiento.
Derechos laborales
Asimismo, advirtieron que dentro de las normas que se pretende modificar se "ataca los derechos laborales, ya que pretende declarar la educación como servicio esencial, cercenando el derecho a huelga, abriendo el camino al desfinanciamiento" en materia educativa que "abre las puertas al arancelamiento universitario y atenta contra el financiamiento de las universidades nacionales".
El comunicado de la CGT subraya también las modificaciones propuestas en relación a la Carrera Docente y la duración de las carreras técnicas, sin fundamentos pedagógicos y sin consulta previa. Hacia el final, el documento insta a los diputados "a votar negativamente y no ser cómplices de la destrucción del sistema educativo".