En el marco de un encuentro de la Confederación de Sindicatos Industriales Argentinos (CSIRA), dirigentes gremiales del sector y gobernadores del peronismo que no firmaron el Pacto de Mayo criticaron la política laboral del gobierno de Javier Milei. Mediante un duro documento, se expresaron contra la reforma laboral que lleva adelante la Ley Bases, y la caída de la actividad que se viene dando desde que comenzó la gestión libertaria. Además, se presentaron datos de un relevamiento sobre expectativas entre los industriales.
El documento fue firmado por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Mellella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), junto a los gremios que integran la CSIRA, donde se da cuenta de la “crisis que enfrenta el sector”, ante los primeros siete meses de gestión del presidente Javier Milei, y proyecta un futuro aún más pesimista.
En la sede porteña de SMATA, el gremio que conduce Ricardo Pignanelli, los mandatarios firmaron la dura crítica al gobierno, además de presentar un relevamiento realizado por 36 gremios que nuclean alrededor de 61.728 empresas de 18 sectores diferentes. El trabajo afirma que el 90 por ciento de las organizaciones evaluó que su situación económica empeoró con la llegada al poder de Milei y el 80 por ciento redujo personal, sea por despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas.
Crisis industrial
Participaron del cónclave, además de los cinco jefes provinciales, Pignanelli, y los sindicalistas Abel Furlán (UOM), Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Benítez (Textiles) y Walter Correa (Curtidores y ministro de Trabajo bonaerense). La relevancia del encuentro entre los mandatarios, la confederación de sindicatos industriales y los gremios mencionados radica en la “capacidad de presión que puedan ejercer en la interna de la CGT para forzar una medida de protesta contra la administración libertaria”.
Según el documento: “Lo que se ha verificado en el primer semestre es una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recortes de horas extra, disminución de actividades y una tendiente precarización laboral, razón por la cual la pretendida modernización laboral que impulsa el actual gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad”.
Relevamiento
Puntualmente, el relevamiento que hizo la CSIRA enumeró los siguientes datos: El 90 por ciento de las organizaciones la situación económica de las empresas ha empeorado; el 65 por ciento declararon que la caída de las ventas supera el 15 por ciento; el 40 por ciento de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos; el 50 por ciento manifiesta un incremento de más del 30 por ciento de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, solo el 56 por ciento de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas.
En tanto, el 38 por ciento de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes. El 95 por ciento considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor. El 65 por ciento indica que a partir de la sanción de la Ley Bases el funcionamiento empeorará, un 20 por ciento que seguirá igual y un 15 por ciento no contestó.
Sobre el impacto sobre los trabajadores, el 80 por ciento de las empresas han despedido trabajadores, mientras que, solo el 20 por ciento revela no haber sufrido despidos desde diciembre a la actualidad. El 60 por ciento de los encuestados señala que sus trabajadores “sufrieron algún tipo de suspensión o licenciamiento en sus trabajos: esta cifra duplica al 34,4 por ciento relevado en mayo”. En cuanto a adelanto de vacaciones, en el mes de julio “se relevó esta operatoria en el 65 por ciento de las empresas”. Sobre retiros voluntarios: el 80 por ciento de las empresas ha implementado esta operatoria, lo que supera el 56,5 por ciento de lo relevado en mayo.