En el marco de la Ley Ómnibus que quiere aprobar el poder ejecutivo en las sesiones extraordinarias del Congreso, gremios marítimos rechazaron los cambios propuestos en el llamado Régimen Federal Pesquero. Entre los cambios que se perfilan, están la eliminación de los permisos de pesca, que pasan a ser irrestrictos, además de permitir la mano de obra extranjera en los barcos que realicen tareas en el mar argentino.
Para Daniel Flores, del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), dijo que con la mirada puesta en este DNU “no nos deja otra opinión más que vernos afectados, no sólo a nosotros de manera directa o indirecta, sino también a los empresarios”. “Si ellos no pueden sostener los cupos, si no pueden sostener los barcos para trabajar. Esto gobierno vino con propuestas de regular y de trabajar en la reforma laboral, pero lo tiene que hacer generando trabajo y no cercenándolo”, agregó.
Por su parte, Carlos Mezzamico, del SUPA, dijo que “tenemos un rechazo absoluto a semejante imposición. No se pueden violar derechos constitucionales”. “El presidente no puede manejar la Justicia. Esto se dio porque la política argentina estaba dejando mucho que desear. Los legisladores se olvidaron de ciertas normas y es por eso que apareció este personaje queriendo imponer cosas que son imposibles. Están queriendo atar los reclamos de pies y de manos para volver al pasado”, sostuvo.
Exportaciones
En tanto, para Pablo Trueba del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), el DNU “aplica para la liquidación de exportaciones de los productos donde estamos adentro como la pesca, haciendo una retención del 15 por ciento sobre el valor fijado del dólar. Si bien tiene que ver con el empresario que hace la venta, también impacta sobre los trabajadores embarcados, porque los CCT que están dolarizados, están sujetos al dólar neto de exportación. Con esta nueva medida logran emparejar todo al 15 por ciento y no con los porcentajes anteriores donde se abonaba en función de la mano de obra utilizada. Por eso nos oponemos a este emparejamiento”. También el DNU “habla de licitar la pesquería argentina de manera internacional, pero no dice que puedan participar empresas argentinas. Pueden venir los poderosos capitales chinos y comprar todas las licencias pesqueras argentinas”.
En tanto, Jorge Frías, de AACPyPP, lamentó las noticias, y recordó que nuestra inquietud quedó expresada en la nota que enviaron al propio Presidente de la Nación ese día, “donde le solicitaron una reunión”. “Lo hicimos en relación a las medidas económicas que adoptó y las que ya se vislumbraban que se harían. Lo que estábamos solicitan era –y es- mostrar de manera directa la visión de los capitanes y los oficiales de los buques pesqueros. Pasaron nueve días y nadie nos dio una respuesta. Sus asesores deberían haberlo hecho al menos y escuchar nuestra postura”, destacó castro.
Ley de pesca
Para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), las modificaciones a la Ley de Pesca son muchas. “Lo que más nos preocupa es el artículo que se refiere a las tripulaciones extranjeras, ya que quien quisiera podría tener el ciento por ciento de sus embarcados que provengan de otros países”, dijeron. “Con la falta de trabajo que tenemos, el pensar en esta modificación es terrible. Si nosotros permitimos eso, que nos quiten el trabajo a los argentinos, sería una locura. Lo seguiremos estudiando y daremos más opiniones para que todos conozcan nuestro punto de vista”, agregaron desde el gremio.
En tanto, la mayoría de las cámaras empresariales se pronunciaron a través de un comunicado emitido por Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, el cual expresa su rechazo a la reforma del Régimen Federal de Pesca”. “El sector hace saber sus observaciones y advertencias por las profundas reformas que impactarán en la industria pesquera, a partir de una iniciativa que no ha tenido su origen en consultas o interacciones con los eslabones de la cadena productiva”, dijeron.
“Ante este contexto, instamos a los legisladores nacionales a que se realice una amplia y urgente convocatoria a cada eslabón de la cadena productiva de la industria pesquera, para que el sector transmita a los parlamentarios sus reservas y opiniones puntuales a cada modificación planteada”, concluyeron desde Intercámaras.