El futuro de IMPSA, la histórica metalúrgica de la familia Pescarmona que fue estatizada en el gobierno anterior, está en juego. Este viernes 31 de enero vence el plazo para que el fondo de inversión ARC Energy, compuesto por capitales estadounidenses y venezolanos, cierre un acuerdo para reestructurar la deuda millonaria de la compañía. Si no se llega a un acuerdo con los acreedores, la privatización quedará en suspenso y la empresa volvería a ser controlada por el Estado. Mientras tanto, el futuro de 750 trabajadores está en juego.
ARC Energy presentó una propuesta para adquirir IMPSA, comprometiéndose a pagar un desembolso inicial de 27 millones de dólares y a negociar un plan de pago para los más de 550 millones de dólares que IMPSA adeuda. El gobierno de Javier Milei ve en esta privatización una de sus primeras medidas emblemáticas en su gestión. Sin embargo, las negociaciones con los acreedores de la empresa, que incluyen importantes entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nación, aún no lograron una resolución definitiva.
La composición del fondo de IMPSA está integrada con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.
Dudas en torno al acuerdo
En este caso, la propuesta del grupo extranjero era la de tener la propuesta de reestructuración acordada antes de este viernes 30/01 ya que, de lo contrario, la operación podría volver a fracasar y la empresa se mantendría en manos estatales hasta encontrar un nuevo interesado.
Los ejecutivos del fondo, que a su vez es propiedad del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), se comprometieron con las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación a intentar acordar con los principales acreedores.
El ministerio que dirige Luis Caputo es el que tiene a su cargo el proceso de salida tanto del Estado nacional como de Mendoza del capital de IMPSA, cuya sede se encuentra en la localidad de Godoy Cruz.
La Comisión Evaluadora que formó Economía recomendó adjudicar el paquete mayoritario al fondo para mostrar lo que sería la primera privatización concreta del gobierno de Javier Milei. En el documento oficial difundido por el directorio de IMPSA a mitad de enero, se informó oficialmente que ARC Energy había solicitado hasta fin de este mes para firmar el acuerdo definitivo, condicionado al refinanciamiento de la deuda con sus acreedores.
«IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de Impsa. De cumplirse esta condición (o si IAF renuncia a ella), se procederá a la redacción del contrato de compraventa», argumentaba el paper de IMPSA.
Los acreedores clave y las condiciones
Entre los principales acreedores de IMPSA se encuentran instituciones internacionales como el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF), y grupos de inversión privados como el chileno Grupo Moneda. Además, IMPSA mantiene compromisos con entidades argentinas como el Banco Nación y el Bapro, lo que complica aún más la renegociación de la deuda. A su vez, ARC Energy exige que se firmen contratos con el Estado y la provincia de Mendoza, así como un depósito inicial de 5 millones de dólares para respaldar la operación.
Si no se llega a un acuerdo en las próximas horas, IMPSA podría seguir siendo gestionada por el Estado hasta encontrar un nuevo comprador o negociar una nueva salida para la empresa.