Cooperativistas municipales de La Plata organizados en el Movimiento Surge denunciaron demoras en el pago de salarios, situación que los deja en una situación de desamparo en el fin de semana largo en que se celebra el Día del Padre.
“Garro (Julio, el intendente local macrista) deja sin Día del Padre a cooperativistas”, titularon un comunicado en el que explican que los retrasos en los pagos de salarios se vienen profundizando mes a mes. “La fecha de cobro es el 15, ya el mes pasado se cobró el 20 y el viernes plantearon que sería mañana 22. Hay que agregar que el municipio adeuda un aumento comprometido a principio de año y además los aumentos subsiguientes, que sí se les percibió a los cooperativistas con convenios”, informaron.
Cabe recordar que estos trabajadores, que realizan tareas de barrido, limpieza de calles, zanjeo, entre otras, continúan cobrando un sueldo de $8.250. “Iba a haber un aumento a principios de año, ya acordado, del 8%. Ese aumento no se dio. Se iba a dar después otro aumento del 8%, o sea 16% acumulado, pero se lo dieron solo a las cooperativas que tienen convenio. A nosotros no”, afirmó Ángel, referente de Surge.
El problema no es que no cobrarán el sueldo hasta el martes, si no que también denuncian que la comuna no les cargó las tarjetas que les permiten comprar alimentos para los comedores. “Entonces no hay forma de resolver la situación para que tengan algo el domingo los compañeros para el día del padre”, afirmó Ángel.
Este movimiento reúne a al menos 147 cooperativistas, pero los afectados serían más. “Sabemos que hay un porcentaje muy alto de compañeros que están en la misma situación que nosotros”, remarcó el integrante de Surge y aseguró que se encuentran en “estado de alerta y movilización”.
Problemas de arrastre con Garro
El planteo de la gestión de Garro era pasar a planta transitoria a un número de cooperativistas que nunca fue del todo aclarado, y bajo criterios que tampoco se especificaron, y pagarles $12.000 mensuales con contratos de tres meses de duración.
El problema consistía, además del hecho de no establecer quiénes pasarían a planta y quienes no, en que la aceptación de esa nueva forma de contratación hacía caer otros beneficios sociales que perciben la mayoría de esos trabajadores, como los planes potenciar trabajo o la tarjeta alimentar.
En concreto, se perdían esos complementos económicos y se pasaba a percibir únicamente esos $12.000 como salario para todo el mes, sumado a la inestabilidad de tener que renovar el contrato cada tres meses y poder ser despedido en cualquier momento.
El lógico rechazo que generó esa iniciativa municipal llegó hasta la justicia. Un grupo de cooperativistas judicializó la cuestión, y eso, sumado la conflictividad social que se generó esa semana, terminó frenando el incipiente proceso que había iniciado y que llegó a oficializar unos mil pases a planta transitoria bajo esas nuevas condiciones.
Si bien nadie conoce ni difunde números oficiales y fiables sobre la cantidad de cooperativistas que hay en La Plata, hay una especie de número asumido y aceptado de alrededor de 5.000 trabajadores en esa condición. Es decir que, de esos 5.000, un 80% quedó bajo el viejo régimen y siguió trabajando en las mismas condiciones que antes de ese anuncio.
De esos 4.000 trabajadores, la enorme mayoría ni siquiera sabe para qué cooperativa trabaja o quiénes son las autoridades de las mismas. El procedimiento consiste en que el municipio tiene registradas cooperativas a través de las cuales realiza los pagos mensuales a los y las cooperativistas, depositándoles el sueldo en una tarjeta de débito, pero sin formalizar de ninguna forma la relación entre esos trabajadores y la cooperativa.
De hecho, muchos de esos trabajadores afirman que un mes pueden cobrar como miembros de una cooperativa y otro mes cobrar como si fueran parte de otra, y que eso lo maneja discrecionalmente el municipio sin darles ninguna explicación.
En ese contexto, esos trabajadores no tienen contrato ni un vínculo formal y estable con el municipio, más allá de percibir su sueldo mes a mes. Y esa situación de inestabilidad se agravó aún más a partir de marzo/abril, cuando frente al anuncio oficial y el rechazo de la mayoría de los cooperativistas, éstos empezaron a reclamar un aumento del sueldo que venía congelado desde el 2020 y una mesa de diálogo para discutir la posibilidad real de una mayor formalización de esa relación de dependencia encubierta bajo la cual trabajan para el municipio.