En el contexto del ajetreado proceso electoral de la Unión del Personal de Seguridad de Argentina (UPSRA), este lunes se dio a conocer que Julio Gutiérrez, candidato a secretario general del gremio, se encuentra procesado por los delitos de estafa y falsificación en una causa que está siendo tratada por el Juzgado Federal de San Martín.
Acusaciones de estafa y falsificación contra Gutiérrez y su comisión directiva
Gutiérrez, quien fue secretario general del sindicato patagónico de vigiladores, la Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP), enfrenta acusaciones de la empresa Secar Security (anteriormente conocida como Securitas) por apropiarse de una considerable suma de dinero proveniente de los aportes sindicales de sus empleados. Cabe destacar que UPSAP fue fundado por Gutiérrez tras su expulsión de UPSRA, como informó Data Gremial en un reciente informe.
La denuncia también alcanza a todos los miembros de la comisión directiva del sindicato: Jorge Clemente Avilés (secretario adjunto), Domingo Luis Oscarez (secretario administrativo y de finanzas), Alberto Bernardo Quarta (secretario de actas y organización), Ariel Esteban Farías (secretario gremial), Alejandro Mario Gamboa (secretario de vivienda y turismo), Laura Mariana Potas (secretaria de la mujer), Maximiliano Damián Zapata (secretario de interior), Bruno Nicolás Avilés Agostinelli (vocal titular 1), Cristián Nelson Basualdo (vocal titular 2), Juan Eduardo Coronado (vocal titular 3), Marcelo Soria (inspector de fiscalización de UPSAP) y Julio César Núñez (apoderado legal de UPSAP) por los delitos de falsificación y estafa.
Según los documentos judiciales, Gutiérrez y su comisión habrían creado de manera fraudulenta un certificado de deuda falso para engañar a la jueza federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, con el fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito.
Julio Gutiérrez en una situación delicada: lejos de la "ficha limpia"
El expediente judicial revela que Gutiérrez, quien también fue ministro de Trabajo de Santa Cruz y actualmente se encontraría de licencia, está en una situación comprometedora.
Justamente uno de los temas de agenda parlamentaria hoy es el proyecto de ley de “ficha limpia” para cargos públicos. Aunque la iniciativa aún no ha sido tratada en el Congreso, con esta novedad Gutiérrez debería estar afuera de cualquier proceso electoral.
La denuncia de Secar
El escándalo se desató cuando Gutiérrez, en su rol de secretario general de UPSAP, presentó una demanda contra la empresa Securitas para reclamar los aportes sindicales correspondientes a los años 2018 a 2022 por un total de 234 empleados, lo que resultó en el embargo de las cuentas bancarias de la empresa por más de 720 millones de pesos.
Cabe resaltar que la ley vigente otorga presunción de legitimidad a los certificados de deuda emitidos por entidades gremiales, lo que impide cuestionar su veracidad hasta que haya una sentencia definitiva. Secar acusó a Gutiérrez de haber presentado pruebas falsas, sustituyendo la documentación original por un nuevo listado que no solo incluía trabajadores ajenos a la empresa, sino también personas que ni siquiera eran empleados de Secar.
Otras denuncias en su contra: el caso anterior de retención de aportes y la nueva acusación por falsificación de firmas
Esta denuncia se suma a otra interpuesta por Ángel García, actual secretario general de UPSRA, quien acusó a Gutiérrez de retener indebidamente los aportes sindicales cuando era delegado en Santa Cruz. Tras esta acusación, Gutiérrez fue expulsado de UPSRA en 2008 y fundó su propio gremio, UPSAP.
Además, de la denuncia de Secar Security surgirían dudas sobre la legalidad de los avales presentados por Gutiérrez para las elecciones en UPSRA, los cuales ya presentan irregularidades, según fuentes de la actual conducción del gremio. La justicia y la Secretaría de Trabajo de la Nación están investigando también denuncias sobre falsificación de firmas de afiliados a Gutiérrez.
Los cuestionamientos hacia Gutiérrez provienen tanto de sectores oficialistas como de la oposición en UPSRA, y han llegado incluso hasta Julio Cordero, designado por el presidente Javier Milei, generando suspicacias sobre su imparcialidad en un proceso electoral que ha estado marcado por diversas marchas y contramarchas.
Nota de redacción: se presume la inocencia de Julio Gutiérrez y de todos los procesados hasta que haya una sentencia condenatoria firme por un tribunal competente.