El objetivo de los negociadores de la central de calle Azopardo, como José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), es que la ministra Carla Vizzotti se avenga a repetir la “estrategia de riesgo compartido”, en este caso presentada el 17 de enero pasado, con la que el Ejecutivo garantiza la cobertura de acceso a la terapia génica del laboratorio Novartis para el tratamiento de Atrofia Muscular Espinal (AME).
Aquel anuncio vino a dar respuesta a un viejo reclamo de los jefes sindicales: que el Estado nacional implemente una suerte de “pool” de compra de fármacos para el tratamiento de enfermedades complejas que, valuados en altos precios en dólares, ponían en jaque las cuentas de las obras sociales.
Fue así que la resolución 21 autorizó al Ejecutivo a realizar una inversión superior a los 15 millones de dólares para garantizar el acceso al tratamiento de esta patología independientemente del tipo de cobertura con que la que cuenten los pacientes que cumplan con los criterios definidos, los cuales son evaluados por la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia Muscular Espinal (CONAME).
El medicamento (conocido comercialmente como Zolgensma), tiene un valor de venta comercial de más de 2 millones de dólares, que lo posiciona como el de más alto precio de la región y el segundo más caro a nivel mundial. Y en el marco del entendimiento, el estado nacional lo adquirirá a un precio de 1,3 millones de dólares (más IVA). Según se explicó, las pautas de riesgo compartido implican que los pagos serán cumplimentados en tanto los resultados observados en los pacientes concuerden con lo esperado.
Ahora desde la CGT aducen que necesitan sumar a esta iniciativa a “6 o 7 medicamentos de alto precio” para poder cerrar las cuentas de las prestadoras de salud. Por eso motivo, gestionan una nueva audiencia con la funcionaria.
Desde la cartera ubicada en el histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, adujeron que aùn no hay una reunión prevista pero destacaron el encuentro “de conformidad” celebrado hace poco más de un mes del que participaron sindicalistas como Lingieri.
En aquella oportunidad el titular de Obras Sanitarias había remarcado que la iniciativa representaba “un primer paso importante que va a beneficiar al conjunto del sistema de salud”, reconociendo que era “un tema que preocupaba a la CGT”, por lo que manifestó “apoyo y bienvenida” al acuerdo alcanzado.
En paralelo, el jefe gremial negocia con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el pago de unos $6 mil millones en concepto de la deuda del 2022 por la cobertura del rubro Discapacidad que efectúan las obras sociales.