El pasado 26 de octubre, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), intervino la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), destituyendo al Consejo Directivo y bloqueando las cuentas bancarias de la entidad. Estas decisiones desencadenaron una crisis sanitaria sin precedentes, afectando a más de 700.000 trabajadores rurales y sus familias.
Los inconvenientes afectan tanto a los tratamientos ambulatorios como los oncológicos y los de alto costo, agravando patologías existentes y estadios de enfermedades en pacientes con cuadros severos de los beneficiarios de OSPRERA de todo el país. Ya hay demandas en varias provincias por interrupción de tratamientos y medicación.
La intervención de la obra social se dio a raíz de que el gobierno nacional dispuso destituir al Consejo Directivo de OSPRERA, que había asumido en julio, luego de 15 meses de intervención judicial y con un mandato aprobado por el propio organismo gubernamental. Desde el gremio señalan que se formalizó fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a la defensa, y por pedido de un juez que terminó apartado por incompetente.
A partir de ese momento, aumentaron notablemente las denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y, principalmente, por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos. En consecuencia, se dejaron de autorizar y, por ende, de liberar las compras de medicamentos de alto costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves.
Repercusiones de la intervención: provincia por provincia
La falta de soluciones por parte de la intervención ha derivado en una escalada de demandas judiciales en todo el país. En Córdoba, se denunció la interrupción de una cirugía de cadera por falta de prótesis; en Salta, una menor con cáncer quedó sin tratamiento; y en Buenos Aires, un paciente judicializó la suspensión de su medicación. Estos casos reflejan el abandono que sufren los afiliados desde la intervención. En paralelo, prestadores como la Asociación de Anestesia de Córdoba anunciaron la suspensión de sus servicios a los afiliados de la obra social, profundizando el impacto de la crisis.
Consecuencias económicas
El bloqueo de las cuentas bancarias no solo afecta la prestación médica, sino que también genera costos adicionales por intereses, embargos y multas. A pesar de contar con recursos inmovilizados, la inacción de la intervención ha agravado el desfinanciamiento y la incapacidad de cumplir con los compromisos asumidos. La situación también contradice las normativas del Decreto 1045/2024, que regula las intervenciones en agentes de salud, exponiendo falencias en la gestión de la Superintendencia.
El argumento del gobierno
Realizada fuera del horario administrativo y sin permitir el derecho a defensa, en su momento a través de un comunicado oficial con fecha del 22 de agosto, el gobierno nacional expresó: “Desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud”, para continuar: “En ese marco, se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, a tal punto que, el propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social”.
En este marco, hay cientos de casos que se encuentran judicializados, con denuncias de incumplimiento, fijación de astreintes (medida compulsiva que se establece para obligar a cumplir una decisión judicial) e, incluso, se iniciaron causas penales por desobediencia judicial.
En este sentido, los prestadores de todo el país dejaron de recibir los pagos programados y comprometidos para garantizar la continuidad de los servicios de los beneficiarios. A esto se suma que la suspensión de pagos generalizada genera intereses, multas, punitorios y mayores costos.
Al momento, no hay una nueva comunicación oficial por parte del gobierno en relación a esta medida que tiene consecuencias de características urgentes en los trabajadores del sector.