Las dos centrales sindicales, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, avanzan en su proceso de unificación y plan de lucha contra las políticas de ajuste del gobierno neoliberal de Javier Milei. Después de 14 años, las dos CTA están trabajando juntas en búsqueda de acuerdos debido a la actual coyuntura que vive el país.
A través de un comunicado que lleva las firmas de los dos líderes sindicales, Hugo Yasky y Hugo "Cachorro" Godoy, aseguraron que los principales objetivos de las centrales de los trabajadores son: exigir la convocatoria inmediata del Consejo del Salario para revisar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que se mantiene en $271.571 desde el 1º de noviembre, "sin que se haya oficializado un incremento, lo cual representa una caída real del 32,28 por ciento”. A su vez, se plantearon solicitar -por segunda vez- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que trate la inconstitucionalidad del decreto 70/23 emitido por el presidente Javier Milei. Para las dos centrales obreras, con este DNU "se busca gobernar, mediante decretos, evadiendo la necesaria intervención del Congreso Nacional".
En esa línea, los secretarios generales, que encabezaron el encuentro y brindaron un análisis político, social y económico, detallaron que el plan de lucha acordado establece llevar a cabo un plenario de las dos conducciones, para así avanzar en la unidad y acción política.
Allí se resolvió avanzar en la organización de una gran movilización, junto con otras organizaciones sociales, sindicales y territoriales, para expresar el rechazo a las políticas de ajuste, a los aumentos tarifarios en los servicios públicos y al presupuesto presentado por el gobierno, elaborado con el único propósito de atender el pago de la deuda externa y alcanzar el déficit cero, en detrimento de las necesidades de las mayorías populares.
Ambas CTA judicializaron el Comando Unificado de Seguridad Productiva
A principio de mes, en una acción conjunta, varios gremios encabezados por la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y la CGT presentaron una denuncia judicial contra la resolución 893/2024 del Ministerio de Seguridad en donde puso en marcha el llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Los sindicatos argumentan que esta resolución “viola los convenios internacionales sobre libertad sindical y derecho de sindicación”, específicamente el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (98). Con diciembre en el horizonte, y su siempre agenda conflictiva, hay temor que se profundice la mirada represiva del gobierno, que tiene en el protocolo “anti piquetes” otro de los elementos relevantes.
Según la presentación, a la que tuvo acceso Data Gremial, la resolución del presente caso “adquiere una relevancia significativa para la libertad sindical y atenta en forma manifiesta contra la garantía del derecho de huelga, que cuenta con especial resguardo de garantías constitucionales y convencionales propias del Estado Constitucional de Derecho”. En términos de la acción que se intenta, se denuncia “un intento de impedir u obstaculizar el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical”.