Como ya sucedió en la provincia de Buenos Aires, las dos fracciones de la CTA comenzaron a transitar una agenda común de temas, en el marco del rechazo sindical a las políticas libertarias. En este caso, las conducciones de ambas fracciones emitieron un documento común donde rechazaron la puesta en funcionamiento del llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva, el instrumento creado por el Ministerio de Seguridad para evitar reclamos sindicales en enclaves como Vaca Muerta o puertos agroexportadores.
La dirigencia de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma expresa su “enérgico repudio a la reciente creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, un cuerpo que, bajo la fachada de protección de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, busca reprimir bloqueos y protestas sindicales”.
Según la disposición oficial que puso en funcionamiento este comendo, la coordinación general estará a cargo de la máxima autoridad ministerial, es decir la propia ministra Patricia Bullrich, y podrá ser delegada en el funcionario que esta designe. Tendrá a su cargo “la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales correspondientes”. La misma será integrada por representantes de los ministerios de Seguridad de todas las provincias, y de sus policías locales. El temor principal es que bajo el argumento de evitar cortes en áreas claves para la producción, se potencie el perfil represivo de la gestión libertaria.
Amenaza
El comando creado por Bullrich, expresaron las dos CTA, “constituye una amenaza directa a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que decidan enfrentar el empobrecimiento al que los somete la política económica de Milei”. En tal sentido, “revive prácticas autoritarias propias de la última dictadura militar, cuando la actividad sindical era reprimida fuera y también dentro de los mismos espacios laborales”.
Esta fuerza especial “atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la huelga y las garantías necesarias para la labor sindical”. “Al crear un cuerpo represivo contra los reclamos legítimos de los trabajadores, el gobierno vulnera los derechos fundamentales de libertad sindical y el derecho de huelga, establecidos en nuestra Carta Magna”, destacaron mediante un comunicado con la firma de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.
Denuncia ante la OIT
Al enfocarse en el sector productivo, este comando tendrá posibilidad de intervenir en protestas que se hagan en sectores considerados claves, como petrolero y agroexportador, desarticulando lo que llaman “bloqueos ilegales”, que la mayoría de las veces son reclamos sindicales. Por eso muchos consideran este comando “la patota del RIGI”, ya que debería garantizar que no haya protestas en las empresas que se sumen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Ante esto, ambas centrales adelantaron que presentarán de inmediato “una denuncia formal contra el gobierno argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solicitaremos la gestión de la Confederación Sindical Internacional ante las autoridades nacionales”. “No permitiremos que se impongan medidas represivas que buscan amedrentar y silenciar las voces de los trabajadores en el contexto de la crisis económica más profunda que ha vivido nuestro país” concluyeron.