Las tres centrales obreras de la Argentina presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el gobierno por la violenta represión de la semana pasada, en la marcha de jubilados e hinchas de fútbol frente al Congreso. La presentación, realizada por la CGT, CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, señala una serie de “abusos cometidos por las fuerzas de seguridad” el 12 de marzo de 2025 durante la manifestación, que se opuso a los recortes en sus pensiones y a las políticas de ajuste del gobierno.
La manifestación frente al Congreso Nacional “fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, que utilizaron gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma, bastones y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes”. La jornada dejó un saldo de al menos 989 heridos, según los informes de la Posta de Salud y Cuidados, con personas de la tercera edad entre las víctimas, muchas de ellas con traumatismos graves.
Según la denuncia, la represión “no solo afectó a los manifestantes, sino también a trabajadores de prensa, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió graves lesiones en la cabeza tras recibir un disparo de gas lacrimógeno y hoy pelea por su vida”. Además, durante la desconcentración de la protesta, alrededor de 40 dirigentes sindicales fueron detenidos sin justificación alguna.
Antecedentes
El Comité de Libertad Sindical de la OIT ya ha expresado su preocupación por la detención de sindicalistas, señalando que cualquier restricción a la libertad de reunión y expresión, o el uso de medidas represivas contra los derechos sindicales, constituye una violación grave de las libertades civiles y sindicales.
“Lo desmedido y violento de la actitud de las fuerzas de seguridad, en el marco de un inusitado despliegue operativo, sumados a la posterior denuncia judicial incoada por el Ministerio de Seguridad por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada, tienen también efectos mediatos: instalar un clima de miedo de modo que actúe como factor disuasorio de cualquier reclamo”, denunciaron las tres centrales sindicales argentina, por lo que exigieron la intervención del Comité de Libertad Sindical y la inmediata cesación de las políticas represivas del gobierno.
Decisión política
En otro de los párrafos de la misiva señalan que “es evidente entonces que existe una decisión política del gobierno nacional de reprimir violentamente a los manifestantes, criminalizar la protesta social e impedir el ejercicio colectivo del derecho a reclamar a las autoridades”.
Finalmente, le pidieron a la OIT que “urja al gobierno argentino a que cese con las políticas de represión y criminalización de la protesta y que garantice el libre ejercicio de los derechos sindicales, civiles y políticos, especialmente los derechos de reunión, expresión y a peticionar a las autoridades”.