Liberaron a 150 personas sometidas a explotación laboral en Tandil

Un centenar y medio de trabajadores fueron liberados tras haber estado sometidos a deplorables condiciones de explotación laboral en campos de Tandil.
07 de enero de 2021

Los propietarios de una firma productora de frutos rojos de Tandil, conocida como “El Frutillar”, quedaron procesados por presunta “trata de personas con fines de explotación laboral”, luego de que la Justicia consideró probada la “explotación a un sector de la población vulnerable por su condición de migrante”, ya que, en su mayoría, eran provenientes de Bolivia.

Los 150 trabajadores se desempeñaban en distintos predios de Sierra de los Padres, Tandil y Bella Vista, con jornadas laborales de hasta 16 horas y salarios por debajo de los mínimos legales. Además, no tenían descanso semanal, sufrían recortes económicos incluso en casos de enfermedad, y vivían en campamentos.

Las víctimas tenían “grados de instrucción en general muy bajos” y, en su mayoría, niños y niñas a cargo en “situación de extrema vulnerabilidad, aprovechada por los explotadores para lograr que los/as trabajadores/as permanecieran trabajando bajo las condiciones mencionadas, sin efectuar reclamo alguno y al menor costo posible de la empresa”.

Quien lleva esta causa es Santiago Inchausti, juez federal de Mar del Plata, y cabe destacar que también intervinieron la fiscal federal de esa ciudad, Laura Mazzaferri, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de dos fiscales porteños, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

Según informó el juez Inchausti, existió “sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen (en caso de aquellos migrantes que habían sido trasladados a Mar del Plata bajo promesa de poder volver a su entorno, solo si completaban las tareas encomendadas), por dependencia económica y/o por dependencia habitacional”.

De esta manera, el magistrado procesó al presidente y a la vicepresidenta de la empresa como coautores y a los dos jefes de recursos humanos como partícipes secundarios. Además, se fijó un embargo de 50 millones de pesos a fin de asegurar la reparación económica a los trabajadores víctimas de explotación laboral.