En medio de las fuertes críticas de todo el arco sindical y las denuncias ante organismos internacionales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales derogó el polémico decreto que establecía duras sanciones a quienes se manifestaran con cortes de calles, entendido por el movimiento sindical como un ataque a los derechos de libertad sindical y de expresión, entre otros. La decisión de dio además en el marco de una masiva huelga y movilización de los docentes, a quienes ahora el gobernador les exigió volver a las aulas bajo amenaza de descontarles los días de paro.
Este martes, Morales anunció que derogará ese decreto, pero aseguró que, si los docentes no levantan las medidas de fuerza "se descontarán los días de huelga". Además, ratificó que su gestión seguirá adelante con la reforma constitucional. "Me comprometo a derogar ese decreto; ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto", advirtió en conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas y gobernador electo, Carlos Sadir. "Si mañana (por hoy miércoles) no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos", abundó Morales al dirigirse a los docentes de todos los niveles educativos.
Pese a esto, la titular del gremio ADEP, Silvia Vélez, al ratificar la continuidad del plan de lucha, destacó que se viene registrando un elevado acatamiento al paro y sostuvo: "A muchos compañeros los van a hacer dudar, pero es momento de que estemos más unidos que nunca". Los referentes de los sindicatos docentes y de otros espacios de estatales de la provincia presentaron una "Intergremial" y ahondaron sobre la conferencia de prensa de Morales, en la que, dijeron, sostuvo un "discurso altamente contradictorio", con "extorsión" y "amenazas".
Denuncias
La marcha atrás del gobierno jujeño se da luego de un fuerte repudio a nivel nacional de las centrales obreras, en una problemática que llegó al seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores y referente nacional de CTERA, fue uno de los denunciantes ante la OIT en el marco de la 111° Conferencia Internacional que se desarrolla por estos días en Ginebra, Suiza.
Ante la derogación del decreto, el también titular de los docentes bonaerenses del SUTEBA señaló que “Morales tuvo que dar marcha atrás y derogar el decreto que daba el marco contravencional para reprimir, judicializar y multar a los actores y sectores movilizados en Jujuy, algo muy propio de su gestión que lo pinta de cuerpo entero”.
“El pretendido decreto era una pequeña muestra de lo que busca el gobernador con la reforma de la constitución provincial pisoteando garantías dadas por la carta magna de nuestra nación. Muestra también de lo que la unidad y la resistencia de nuestro digno pueblo jujeño logra cuando hay decisión en defender derechos esenciales”, sostuvo Baradel en declaraciones desde Suiza.
Marcha
Además, en la Ciudad de Buenos Aires y en apoyo a los docentes del norte, referentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), de la CTA de los Trabajadores y del Frente Milagro Sala se movilizaron este martes hacia la Casa de Jujuy, ubicada en el barrio porteño de Retiro. Allí exigieron la derogación del decreto 8464 por considerar que "atenta directamente contra la Constitución Nacional" y que, incluso, fue sancionado mientras se agudizaba el conflicto entre los gremios docentes y las autoridades provinciales.
Para CTERA, la resolución provincial "es una muestra más" de que Morales "lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática, y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores". De hecho, el Ministerio de Trabajo nacional también expresó hoy su "preocupación" por el dictado de recientes normas en jurisdicciones provinciales que "violentan tanto el derecho de huelga como el de libre expresión" y se refirió puntualmente a las provincias de Jujuy y Salta.
Sobre el decreto 8464, la cartera laboral advirtió que "modifica una ley provincial y, bajo el pretexto de garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación de trabajadores y trabajadoras, vulnerando la libertad sindical y disponiendo el empleo de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal para criminalizar y reprimir la protesta".