En un contexto de crisis económica y recorte del Estado, este martes 6 de febrero se publicó la Decisión Administrativa 28/2024 en el Boletín Oficial en la cual limitan la suba de los salarios de las y los empleados estatales. Se suma una nueva política de ajuste para con la administración nacional después de anunciar despidos masivos.
La medida que lleva la firma de los ministros de Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo, establece que las y los trabajadores estatales podrán negociar los aumentos salariales con el mismo presupuesto del que disponga cada dependencia este año. Es decir, el Presupuesto de este 2024 está establecido en términos nominales igual al del año anterior porque fue prorrogado por el Gobierno Nacional, por lo que se prevé una fuerte licuación de los salarios.
Según argumenta el texto oficial, es necesario "establecer parámetros homogéneos para la negociación salarial en el Sector Público Nacional, que garanticen la equidad salarial". Además, fundamente que en los “lineamientos” que el Gobierno de Javier Milei determinó con la finalidad de “optimizar recursos” y “tornar más eficiente el actuar del Estado” en la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, según quedó establecido en el Boletín Oficial.
¿A quién involucra la medida?
La Decisión Administrativa del Ejecutivo nacional incluye a todos los organismos, entes o empresas, cualquiera fuese su naturaleza jurídica o régimen jurídico aplicable, que el Estado Nacional financie con su presupuesto o tenga el control mayoritario del patrimonio o de las decisiones (art. 8 Ley 24.156, en todos sus incisos).
En detalle, la medida involucra a todas las y los empleados de todos los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones; a la administración pública descentralizada y desconcentrada, a las empresas del Estado y las privadas con participación mayoritaria estatal: al ANSeS, el Pami, la AFIP, el SENASA, el Conicet, el INTA, Telam, Enacom, Tandanor, Intercargo, Aerolíneas Argentinas, YPF, e incluso hasta el personal no docente de las universidades nacionales.
A tal fin, y con el objeto de optimizar los recursos del Estado Nacional se establecen pautas uniformes en la “negociación salarial” paritaria que obligan a la previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Se prepara el Frente Gremial de Estatales
En la sede de la Federación Judicial Argentina (FJA) se reunió nuevamente el denominado Frente Gremial de Estatales, espacio de sindicatos del sector público que agrupa a unas 30 entidades, y que busca ponerle un freno al ajuste que intenta imponer el gobierno de Javier Milei. En este caso, según informaron, el objetivo del encuentro fue “consolidar un plan de acción ante el desguace y organizar la resistencia en el marco de represión propuestos en la Ley Ómnibus y el ‘decretazo’, y ante los despidos de trabajadores y cierres de áreas que viene llevando adelante el gobierno nacional en el marco de un empeoramiento de las condiciones salariales, laborales y económicas”.
La cumbre comenzó con un balance sobre el pasado paro general y movilización del 24 de enero, instancia que se coordinó entre las tres centrales sindicales del país y en el cual el Frente de Gremios Estatales impulsó. Del mismo modo, se repasó qué “viene ocurriendo en los distintos sectores del Estado y las acciones que cada gremio viene realizando en la defensa de los puestos de trabajo”.
En una segunda instancia, se acordó la convocatoria hacia mediados de febrero a un “gran plenario de trabajadores del Estado y de las empresas públicas”, en el cual se espera un grado alto de participación y la amplitud de miradas suficientes para construir un plan de acción transversal a todos los sectores estatales afectados, la cita será el 15 de febrero en el auditorio Eva Perón de la sede de ATE Nacional de Avenida Belgrano 2527.