Obras sociales sindicales alertaron sobre los efectos de un decreto que desregula el valor de las prestaciones que hacen a afiliados con discapacidad. En el marco de una jornada de lucha realizada este miércoles en todo el país para rechazar la iniciativa, hubo quejas por los efectos que tendrá en las entidades esta propuesta. En simultáneo con una masiva marcha realizada en Buenos Aires, las provincias de Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Córdoba, San Juan y Chaco también fueron escenarios donde las multitudes se manifestaron sobre el mismo reclamo: “frenar el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad”.
En los últimos días, se conoció un proyecto de decreto atribuido al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnoulo, que establecía que ya no habrá un costo único para cada una de las prestaciones del nomenclador, establecido por el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, a favor de las personas con discapacidad para todas las obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud. Este propone la modificación de la Ley 24.901 sancionada en 1997, norma que establece un nomenclador único para todas las prestaciones a poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y en consecuencia la desregulación de los costos.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad denunciaron que el proyecto de desregulación ya se encuentra firmado por la Secretaría de Legal y Técnica y solo faltaría la firma del presidente Javier Milei. “Pese a que funcionarios del gobierno nacional desmentían la implementación de dicho proyecto, hoy podemos comprobar que el mismo avanza y ya está con dictamen firmado el 24/05/2024 por la Secretaría de Legal y Técnica. Ahora solo falta la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Alberto Francos y el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, aseguraron.
Preocupación
Ante esta situación, desde ATE en el ANDIS alertaron que si se pone en funcionamiento el decreto “los valores del nomenclador se fijarán individualmente por cada financiador, de esta forma se corre el riesgo de una mayor desigualdad en la calidad de las prestaciones. También la precarización (más aún) del trabajo profesional impactando en la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
“El nomenclador único de discapacidad asegura la igualdad en la calidad de las prestaciones, la desregularización del mismo apunta a prestaciones de primera y de segunda”, agregaron desde la Junta Interna de ATE-ANDIS, que rechazo “cualquier intento de profundizar el ajuste en discapacidad, instamos al gobierno nacional, a la ANDIS y a las obras sociales a buscar otra salida, quizás sea momento de apuntar a los más poderosos y no a los más vulnerados”.
Proyecto de ley
Ante esta situación, diputados de distintos bloques presentaron un proyecto en el Congreso que pide al Poder Ejecutivo que no avance con la desregulación de las prestaciones para las personas con discapacidad. La iniciativa alerta que “de concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta”. Si se aprobara el proyecto del gobierno de Javier Milei, “será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional”.
“Al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado", plantearon. Lo presentado señala además que "por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país en virtud de la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".
"Es muy importante la marcha de mañana en todo el país que han organizado los familiares. La angustia de los padres y madres es qué va a ser de sus hijos el día que ellos no estén. La obligación del Estado y de los gobiernos es resolver la vida de la gente y no complicársela cada día más como está haciendo hoy", dijo el diputado Eduardo Valdés, uno de los autores de la iniciativa. “Una decisión así deja desprotegido a un universo de 15 millones de personas de nuestro país. Esto debe ser una causa de todo el arco político, más allá de las pertenencias partidarias, para que sea una cuestión de Estado", completó.