La obra social de los trabajadores rurales OSPRERA fue intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud hace más de quince días. Desde entonces, surgieron una catarata de quejas relacionadas con la suspensión en la entrega de medicamentos oncológicos y tratamientos para pacientes de alto riesgo, la reducción de prestaciones y el rechazo a internaciones debido a la falta de pagos.
En ese contexto, en una carta pública dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, por parte del consejo directivo de la obra social, se afirma que se está afectando “intencionalmente” a OSPRERA y advierte que “serán los funcionarios involucrados de su ministerio los únicos responsables” de cualquier consecuencia que pueda afectar a los afiliados.
En la misiva encabezada por la firma del titular de la UATRE, José Voytenco, se detallan una serie de hechos que evidenciarían un intento de paralización total de la obra social, a pesar de que OSPRERA dispone de los fondos aportados mensualmente por los afiliados. En este sentido, se aclara que no se trata de un problema económico.
Medicamentos y tratamientos de alto costo en riesgo
Entre los hechos mencionados, Voytenco acusa a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de haber suspendido una reunión clave destinada a aprobar la continuidad de diversos convenios, lo que resultó en "cortes generalizados de servicios médicos". Además, se denuncia el bloqueo de las cuentas de todas las delegaciones de OSPRERA, lo que interrumpió la cadena de pagos de las prestaciones, agravando aún más la situación.
"Se han dejado de autorizar las provisiones de Medicamentos de Alto Costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a los pacientes beneficiarios, siendo muchos de ellos urgentes y poniendo en riesgo los tratamientos y hasta la vida misma de los beneficiarios", apunta el documento.
Interrupción de pagos y daños económicos
Además, en la misiva se denuncia el bloqueo de las cuentas de todas las delegaciones de OSPRERA, lo que interrumpió la cadena de pagos de las prestaciones, agravando aún más la situación. La suspensión generalizada de los pagos, según la carta, sería una maniobra "intencional" del gobierno para perjudicar a la obra social.
A pesar de contar con los recursos necesarios, OSPRERA deberá ahora hacerse cargo de intereses, multas, punitorios y mayores costos derivados de los actuales incumplimientos.
Responsabilidad de los funcionarios
Los firmantes de la carta no dudan en responsabilizar directamente a los funcionarios del Ministerio de Salud por las consecuencias de estas medidas. En términos enfáticos, afirman que "serán los funcionarios involucrados de su ministerio exclusivamente responsables de cualquier consecuencia que pueda este insensible accionar generarle a la salud o a la vida de nuestros afiliados". De esta forma, reclaman que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto y brinde una solución inmediata.
Finalmente, los representantes de OSPRERA concluyen la carta reafirmando su disposición a colaborar en todo tipo de gestión para mejorar la atención de los trabajadores rurales. “Nos encontramos a entera disposición para colaborar desinteresadamente en todo tipo de gestión que tenga como finalidad la debida atención de los trabajadores rurales y sus familias”, aseguran, al tiempo que insisten en que la situación actual está afectando a quienes consideran el “motor humano de la mayor economía del país”.
Un llamado a la reorganización de OSPRERA
El escrito también aborda la necesidad de una reorganización profunda de la obra social, para garantizar su sostenibilidad y mejorar los servicios. Los firmantes expresan su preocupación por las dificultades internas previas, pero recalcan que este es el momento de retomar el rumbo hacia una administración eficiente. concluyen.
Con esta carta, OSPRERA deja en claro que, aunque las dificultades actuales son graves, su compromiso con la salud de los trabajadores rurales sigue siendo firme. Sin embargo, piden una acción urgente por parte de las autoridades para evitar mayores perjuicios para la población rural del país.