El panorama de la agroexportadora Vicentin parece oscurecerse a medida que pasan los días. A los problemas iniciados en diciembre de 2019 con el default que generó una inmensa deuda de 1.300 millones de dólares, se les sumó la incertidumbre con respecto a los pagos de los sueldos de marzo y la merma de los contratos fasón, la principal fuente de ingresos de la compañía, está en suspenso.
No obstante, la compañía puede quedarse en penumbras…literalmente: posee una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda y cuenta con grandes chances de quedarse sin suministro eléctrico en una de sus dependencias.
Al no poder producir con granos propios, la plata depende de su capacidad de obtener materia prima y que grandes empresas le envíen mercadería para poder procesar. Sin embargo, la situación no es alentadora porque el juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, convocó a Bunge-Viterra y a la Asociación de Cooperativas Argentinas, las principales inversoras estratégicas de la compañía, para establecer cómo continuarán con los fasones, pero ninguna concurrió. Un suspenso que nadie pensaba en vivir.
Si en febrero los trabajadores recibieron sus salarios divididos en tres cuotas, en marzo parece que será igual o mucho peor. Con entradas de dinero demasiadas limitadas y con costos fijos que no paran de aumentar, Vicentín está al borde de la debacle total.
Más de 408 millones de pesos es la cifra que le adeuda a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, de los cuales 300 corresponden solamente a facturas vencidas en febrero. Por lo que recibió un aviso de que si no exhibe un plan de pago concreto, se procederá con la interrupción del suministro en sus establecimientos industriales.
La situación judicial
La Justicia santafesina progresa con la causa contra los exdirectivos de la empresa. El magistrado Nicolás Falkenberg dictó prisión preventiva por 120 días a Alberto Macua, Roberto Gazz, Omar Scarel y Deniel Buyatti, señalados por administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita. Todos ellos habrían perjudicado a los acreedores y utilizado indebidamente más de 6.000 millones de pesos.
Ellos habrían montado una estructura financiera para desviar fondos mientras la compañía estaba en crisis, a través de triangulaciones como compañías relacionadas y la emisión de facturas truchas. Asimismo, los responsabilizan de seguir operando a pesar de que Vicentin ya era insolvente. Generaban compromisos de pagos que nunca iban a ser abonados.
Vicentin, que supo ser un emblema de su actividad, actúa como un barco a la deriva y con peligro de hundirse si no se accionan los acuerdos de fasón, a lo que hay que agregarle la incertidumbre del concurso de acreedores. El timón parece no enderezarse y los trabajadores podrían ser los primeros perjudicados con el naufragio.
Al respecto, Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) en San Lorenzo, se sinceró y afirmó que el temor de “todos es quedarnos sin trabajo, pero estamos haciendo todas las gestiones para sacar esto adelante y que alguien se haga cargo”·. “Creo que este es el peor momento en cinco años que llevamos de estrés financiero, que ya no es estrés sino un robo. Desde que se fue la intervención empezaron los problemas de plata nuevamente. El único compromiso del sindicato es con los trabajadores. Cuando venga el que venga, defenderemos los puestos de trabajo”, profundizó.