La crisis de Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, sumó este sábado un nuevo y preocupante capítulo. La empresa decidió cerrar sus plantas industriales ubicadas en Ricardone y Avellaneda ante la imposibilidad de pagar sueldos y la falta de contratos de fazón activos, que eran hasta ahora su única vía de ingresos. La decisión deja en incertidumbre a más de mil empleados directos y amenaza con paralizar otros tres mil puestos indirectos.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, comunicó la compañía este sábado. Según el texto, el objetivo es “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la ausencia de avances con los inversores estratégicos que podrían rescatar a la firma.
Desde su ingreso en default en diciembre de 2019 con una deuda superior a los 1.300 millones de dólares, Vicentin no logró salir de una espiral de complicaciones económicas, judiciales y políticas. En las últimas semanas, la situación se agravó al punto de hacer inviable el pago de la nómina correspondiente a marzo, que aún no fue abonada, sin garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales.
Tal como anticipó Data Gremial, la empresa ya no opera con mercadería propia y dependía de los llamados fasones: contratos de industrialización de granos ajenos. Sin embargo, estos acuerdos también quedaron paralizados. Esta semana, el juez del concurso convocó a los principales inversores, entre ellos ACA y Bunge-Viterra, para reactivar las operaciones. Pero la audiencia fue un fracaso: nadie se presentó.
Una maniobra de presión
En el sector agroindustrial se interpreta este movimiento como una jugada de presión, tanto hacia los inversores como hacia la Justicia santafesina, que aún no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La apuesta de Vicentin es que la parálisis total del negocio precipite definiciones clave. Mientras tanto, todas las miradas apuntan ahora a la Corte Suprema de la Nación, que podría ser el próximo escenario del expediente.
Además del conflicto laboral, Vicentin enfrenta una deuda superior a los 400 millones de pesos con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que amenaza con la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Aun si lograra resolver sus problemas financieros, el corte de energía podría hacer imposible cualquier intento de reactivación.
Avance judicial
A esta situación se suma el agravamiento del frente judicial. La Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los acusa de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares.
Según la fiscalía, los exejecutivos integraron una red que actuó de manera coordinada con el objetivo de perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una “estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática” durante los años más críticos de la cerealera. Las maniobras habrían incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de iniciado el concurso preventivo.
Impacto en el sector
El gremio aceitero se encuentra en alerta máxima y ya advirtió que podría activar medidas de fuerza de alto impacto si no se saldan los sueldos adeudados. “La situación es crítica. Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos”, advierten fuentes del sector.
En este contexto, la industria aceitera nacional observa con extrema preocupación el desenlace del caso Vicentin. Está en juego no solo la continuidad de una empresa histórica —que llegó a representar el 10% de la capacidad de molienda del país—, sino también la estabilidad de una de las cadenas productivas más relevantes del complejo agroexportador argentino.