El gobierno nacional no logró contener las protestas de los gremios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, y decidió dictar la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días. Según lo informado, desde la Casa Rosada se esperaba abrir un diálogo con los tres sindicatos que agrupan a los empleados del ente recaudador, confiando en que los nuevos directores de la Aduana y la DGI pudieran demostrar su experiencia en las negociaciones. Sin embargo, estas expectativas no se materializaron.
A través de un comunicado, la presidencia informó: “El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, dictó la conciliación obligatoria en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo. La medida será por 15 días, los cuales pueden ser prorrogados”.
En la misma comunicación, se agregó: “Con la intención de impedir que se extiendan las medidas de fuerza, el gobierno exhorta a los sindicatos del organismo a terminar con las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador. A su vez, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia el día lunes 4 de noviembre de 2024 a las 11 horas”. La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por ARCA, junto con la desvinculación de 3.155 de los 22.200 empleados del ente recaudador. Adorni explicó que estos despidos correspondían a empleados nombrados durante el gobierno de Alberto Fernández.
Reacción
Desde entonces, los sindicatos de la ahora ex AFIP han llevado a cabo paros con presencia en los lugares de trabajo, apagones informáticos y asambleas, lo que afectó tanto los trámites presenciales como los virtuales de los contribuyentes. Este lunes, los pasajeros de vuelos internacionales que ingresaron al país a través del aeropuerto de Ezeiza enfrentaron demoras de hasta dos horas.
La protesta, que se llevó a cabo de 10 a 14 horas por parte del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), se repitió en Ezeiza, aunque el resultado no fue el esperado. Los pasajeros atravesaron el sector de escáneres de la Aduana sin mayores inconvenientes.
El gobierno confiaba en que el nombramiento de Andrés Vázquez como director de la Dirección General de Aduanas (DGA) y José Velis como cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI) facilitaría el manejo de la crisis. Ambos asumieron sus cargos el viernes pasado, y en las filas del partido libertario se esperaba que su experiencia y conocimiento interno del organismo ayudaran a mitigar la reacción de los empleados. Sin embargo, la decisión de dictar la conciliación obligatoria ofrece a Vázquez y Velis un plazo de 15 días para encontrar una solución a la crisis.
Acción legal
Los gremios de la ex AFIP decidieron llevar su estrategia a los tribunales, argumentando que las 3.155 desvinculaciones son despidos sin causa, lo cual no está contemplado en su convenio colectivo. A pesar de que existe la figura de la prejubilación, que permite una salida anticipada con 20 sueldos adicionales, las fuentes del gremio AEFIP informaron que hasta este martes se había registrado una “ola de pedidos de jubilación”, con alrededor de 1.500 empleados iniciando el trámite. Desde UPSAFIP, el sindicato de empleados jerarquizados, elevaron esa cifra a 1.700.
“Lamentablemente el daño que ya se hizo no se puede retrotraer. Más de 1.700 empleados de los más experimentados han pedido su retiro de la ex AFIP y la repartición está literalmente paralizada con una histeria colectiva y caos que no se vivió nunca en la casa”, señaló un comunicado del gremio de empleados jerarquizados (UPSAFIP), dirigido por Julio Estévez. Además, el sindicato presentó un amparo en los tribunales contencioso-administrativos federales para frenar el decreto de disolución de la AFIP, publicado a fines de la semana pasada en el Boletín Oficial.