Luego de la histórica movilización en defensa de la educación universitaria pública y gratuita en la cual participó la Confederación General del Trabajo (CGT) y dio el puntapié a su plan de lucha camino al paro general del próximo 9 de mayo. La próxima semana la central obrera tendrá dos fechas claves: la negociación en la mesa del Consejo del Salario y la movilización por el Día del Trabajador.
En suma, la dirigencia de la CGT tuvo un único encuentro con las autoridades del gobierno de Javier Milei en donde intercambiaron diferentes visiones y se plantearon arribar a un acuerdo para la nueva legislación laboral. Sin embargo, el lunes se conoció que el Ejecutivo envió un borrador del artículo denominado “modernización laboral” de la Ley Bases a la Cámara de Diputados.
Ante dicha maniobra del gobierno, la CGT consideró roto el diálogo con los funcionarios nacionales y ratificó la movilización y huelga general de 24 horas para el próximo 9 de mayo. “El paro es inamovible y será contundente. El borrador de la modernización laboral es igual que el DNU que rechazamos y suspendió la Justicia”, señaló un jefe cegetista.
En ese marco, el plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei contempla también para el miércoles 1° de mayo una movilización al Monumento al Trabajo, en Paseo Colón e Independencia.
Desde la Casa Rosada avanzaron en decisiones que pretender convertirlar en ley sin consultar a las partes. Si no hay cambios sustanciales durante el tratamiento en comisión, el nuevo texto de “modernización laboral” empeorará la relación con la CGT, ya que hay artículos que cercenan los derechos de las y los trabajadores.
Por ejemplo, restringe el derecho de huelga en actividades que son consideradas servicios esenciales; la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas; pone en jaque la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, y considera como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”, entre otros puntos.
Detalles del borrador “modernización laboral”
Según informó Infobae, el borrador presentado tiene algunas diferencias respecto del “mega DNU” firmado por Javier Milei. Por ejemplo, reduce de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores y limita de una forma más estricta que en el DNU las cuotas solidarias.
Además, baja las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión. Figura igual, sin embargo, otro artículo sobre el tema: “Configura grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.
Lo que sí mantiene en el capítulo laboral de la Ley Bases es la habilitación para un nuevo sistema de negoción colectiva de la indemnización, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados
Durante este miércoles y jueves, habrá una nueva vuelta de debate del proyecto de Ley de Bases que mandó el Ejecutivo Nacional, en un plenario de comisiones. También abordarán el proyecto de reforma fiscal, con el objetivo de que sean aprobados antes del 25 de mayo.
Asimismo, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados convocó a representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias y especialistas para que brinden su opinión sobre los proyectos de ley sobre reforma de la legislación laboral con estado parlamentario.
En el listado de expositores, donde no figura ningún sindicalista, están Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21; Martin Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21; Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); Juan Méndez, titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB); Esteban Carcavallo, de la Cámara de Sociedades Anónimas; Jorge Samouelian, de la Cámara Argentino Armenia para la Industria y Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y los representantes del Instituto de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados Aldana Fabiche (Quilmes), Mario Bernardo Galeazzi (Moreno-General Rodríguez), Analía García (La Matanza), Sergio Arce (Morón), Mariana Paulino Castro (Lomas de Zamora), Juan Formaro (San Isidro) y José Daniel Ruiz (Entre Ríos).