Reclaman el inicio del juicio de la causa del ingenio La Fronterita en Tucumán

Querellantes de la causa donde se investigan los crímenes de lesa humanidad contra 68 personas en las instalaciones de la empresa azucarera ubicada en Famaillá piden celeridad. Los exdirectivos de esa firma están procesados.

22 de noviembre de 2022

Los sobrevivientes constituidos como querellantes en la causa del ingenio La Fronterita de Tucumán solicitan el comienzo del proceso oral y público por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la empresa, ubicada en Famaillá al sur de la provincia.

Se trata de una causa que fue elevada a juicio desde hace casi un año y aún no tiene fecha de inicio del juicio. Son 68 personas las detenidas y desaparecidas en ese lugar, por lo que se investiga esos crimines cometidos durante la última dictadura cívico militar.

También conocida como “Causa La Fronterita” se elevó a juicio en diciembre de 2021, y ya tiene como imputado a los exdirectivos del ingenio: Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.

Los cuatro acusados están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría eran trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al predio de la empresa. El ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti.

Por su parte, Rodrigo Scrocchi, integrante de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y querellante en esta investigación, afirmó que están “con muchas idas y vueltas” en la causa. “Se presentaron muchas dificultades para que el juicio se concrete”, relató. Al tiempo que agregó: "Tuvimos muchos palos en las ruedas, pero gracias al empuje de los organismos de derechos humanos, la querella, el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sumado al trabajo de la fiscalía pudimos sostener esta causa y llegar a esta instancia”.

Estos crímenes están enmarcados, según determinaron en la investigación, dentro del Operativo Independencia desplegado por el gobierno de Isabel Perón en 1975 en la provincia de Tucumán, que apuntaba aniquilar principalmente a la guerrilla del Ejercito Revolucionario del Pueblo que tenía su foco en esa provincia.

Allí confirmaron que el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, también aportó la logística para que se instale una base militar y puso a su disposición vehículos. Además, dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios. Una causa sobre complicidad civil y económica con el terrorismo de Estado.

“En la agenda del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán no parece estar contemplada la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes. Esto se da en el caso de La Fronterita, pero también en la causa Jefatura III", explicó el letrado.

Cabe mencionar que la megacausa Jefatura III, tiene 30 imputados entre policía y militares por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad efectuados entre 1975 y 1983 en perjuicio de 237 víctimas, y fue elevada a juicio antes que La Fronterita.

Testimonios en primera persona

Un gran porcentaje de los 30.000 detenidos desaparecidos fueron jóvenes estudiantes y trabajadores, entre ellos, dirigentes sindicales de dicha época. En este caso, una de las víctimas de La Fronterita fue Fidel Jacobo Ortiz, quien se desempeñaba como trabajador del surco y ocupaba el lugar de secretario general dentro de un gremio azucarero del ingenio. Ortiz fue secuestrado en 1976 cuando tenía 37 años y continúa desaparecido.

En declaraciones a Télam, los hijos de Jacobo contaron que él era el tercero de ocho hermanos nacidos en La Aguada, un paraje conocido también como Colonia II y “comenzó a trabajar pelando caña a los 18 años”.

Con respecto al secuestro de su padre, Hortensia, Gaspar y Fidel recordaron que “el primero fue en marzo del 76, dos militares entraron de forma tranquila a nuestra casa. Fue alrededor de las 23. Estaba oscuro, no teníamos luz en esos momentos. Se lo llevaron y lo soltaron 43 días después por el lado de El Manantial, cerca de la casa de una tía que lo ayudó a volver. Estaba todo hinchado y tenía marcas en las muñecas de cadenas. Lo habían torturado”.

Meses después, el 14 de junio del mismo año en horas de la noche, un grupo integrado por alrededor de seis militares volvieron a la casa de la familia Ortiz. “Comenzaron a golpear la puerta, lo insultaban, yo me puse delante de mi padre para que no se lo lleven, pero igual empezaron a golpearlo”, recordó Fidel.

Y continuó: “Lo sacaron de la casa y una vez afuera hicieron un tiro, pero no sé qué habrá pasado. Eran militares, después vi a tres de ellos y los reconocí, estaban en La Laguna”, nombre de la base militar que se instaló en el ingenio de La Fronterita.

En tanto, Hortensia comentó que “fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo hasta que falleció”.

Después de la desaparición de Jacobo, los dueños del ingenio le pidieron a la familia que se vayan de la casa donde vivían, la cual había sido cedida por la empresa. Era una de las viviendas que les entregaban a todos los obreros cuando ingresaban a trabajar.

Los hijos de Jacobo recordaron: “nos dijeron que no querían en el lugar a nadie que haya tenido problemas con los militares, nos tuvimos que ir. Nosotros nos fuimos a distintos lugares de la provincia a buscar trabajo y ayudar a nuestra madre”.

A medida que pasó el tiempo, pudieron identificar que “los mismo dueños y directivos del ingenio fueron los que hicieron que los militares se lleven a mi padre”.

“Mi papá siempre defendía a los trabajadores y a sus amigos. Vivía para ellos. Siempre les estaba resolviendo los problemas que tenían dentro del ingenio, peleaba por los sueldos y cuando había despidos recamaba que los reintegren. Muchos lo venían a buscar a nuestra casa para pedirle ayuda. Esa era su lucha”, remarcaron los hijos de Jacobo. “Queremos saber dónde está, poder traer sus restos al cementerio para poder ir a visitarlo”, concluyeron ambos hermanos.