En el marco de las repercusiones de la aprobación de la Ley Bases, la dirigencia sindical sigue advirtiendo de sus consecuencias, tanto en las condiciones laborales diarias como en la soberanía en los recursos naturales y las inversiones. “Venimos con una larga historia de proyectos antinacionales en nuestro país, pero ahora se presente desembozadamente” dijo al respecto el secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores Héctor Amichetti.
“Prevalece esta idea de convertir a nuestro país en una colonia. Se expresa en los gestos del presidente y en las medidas que va tomando. Tenemos que frenar este avance”, agregó Amichetti, que agregó que el presidente Javier Milei “es la cara de las grandes corporaciones y de Estados Unidos, que con esta excepcionalidad en la política argentina, buscan avanzar con cosas que no pudieron ni en la dictadura ni otros períodos liberales”.
Un tema por demás preocupante es la caída económica que alcanza a la producción industrial y al comercio. “Con la devaluación de diciembre permitieron liberar precios a los formadores, la apertura de importaciones que ya se ha extendido varios rubros y la enorme caída del consumo. Hay un derrumbe total en todos los rubros”, dijo.
Desocupación
Para el dirigente gráfico, la consecuencia de la política libertaria “lamentablemente es que en el segundo semestre va a crecer la desocupación. No hay medidas que puedan ayudar a la reactivación, vamos a una desocupación de dos dígitos. Este modelo termina en un estallido”, alertó el referente gráfico.
“Es necesario contrarrestar la dispersión que tenemos en el campo popular. Desde la clase trabajadora podemos ser convocantes a rechazar este modelo junto a sectores productivos pymes, sectores de la cultura y el deporte”, subrayó.
“Habrá que debatir cuál es la estrategia de aquí en más tras la sanción de la Ley Bases, ver cómo actuamos en este tramo. El gobierno con el desastre que va haciendo se va a desestabilizar en el corto plazo por lo cual hay que buscar la estrategia más adecuada y de conjunto con todos los sectores golpeados por estas políticas”, concluyó.
Repudio de la CGT
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que lidera el dirigente judicial Julio Piumato, rechazó “el avance de las políticas negacionistas” que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei y alertó sobre “la voluntad del Ejecutivo de disponer la eliminación de la Unidad Especial de Investigación sobre la Desaparición de Niños, como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado (UEI)”, que funciona en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
En un comunicado, Piumato, también titular del gremio de los trabajadores judiciales, recordó que la UEI fue creada en 2004 para investigar los casos de las nietas y nietos desaparecidos. “Cualquier decisión que avance contra su funcionamiento constituye un claro atentado contra el derecho a la identidad y a la verdad”, remarcó el dirigente sindical. El gremialista enfatizó que la UEI asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes.
Se trata de una entidad que realiza investigaciones preliminares que agilizan la tarea de los magistrados y es “una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia para tornar eficaz la búsqueda de esos menores”. “La disolución de la UEI conllevará grave y mayor obstaculización para la restitución de la identidad de los casi 300 nietas y nietos que permanecen sin acceder a su verdadera identidad”, remarcó. En ese sentido, Piumato afirmó que la CGT pretende que el gobierno que reflexione sobre las consecuencias negativas que tendría esta decisión.