La fuga de funcionarios nacionales vinculados al empleo público no se detiene, y este jueves se cobró una nueva víctima. Se trata de Ricardo Martín Boccacci, quien se desempeñaba como subsecretario de Empleo Público, a quien se le aceptó la renuncia a su cargo, según el Boletín Oficial. El ahora ex funcionario era el segundo de Armando Guibert, quien era secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete, y que renunció al inicio de esta semana.
La salida de Boccacci fue justificada por el despido de Guibert. “Debe haberse ido por lealtad a su jefe”, deslizó un funcionario cercano a la Jefatura de Gabinete, según el portal Infobae. En su lugar ya fue designada la licenciada María Rosana Reggi, quien viene de cumplir funciones como responsable de Relaciones Laborales en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas administraciones.
Los movimientos internos se dan en medio de la decisión del gobierno que piensa concretar el 31 de marzo el despido de miles de empleados del Estado cuyos contratos, al ser de planta transitoria, no serán renovados. De hecho, los dos funcionarios que se fueron esta semana son los encargados de preparar las cesantías masivas, que según lo adelanta el gremio ATE pueden llegar a uno 70 mil trabajadores.
Antecedentes
El alejamiento de Guibert, un funcionario muy cercano al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y que estuvo involucrado en el aumento del sueldo a los integrantes del Gobierno, que el presidente Javier Milei ordenó retrotraer, se produjo el lunes pero recién hoy se oficializó, junto a la salida de Boccacci. Guibert había sido la mano derecha de Roberto Dromi, quien durante el gobierno de Carlos Saúl Menem desde el ministerio de Obras Públicas, se encargó de fuertes modificaciones en la estructura estatal. Javier Milei, cuatro días antes de asumir en la Rosada, lo presentó en un comunicado como el hombre que “estuvo a cargo de la reforma de Estado del gobierno de Carlos Menem”.
Desde comienzos de año en el Estado están realizando auditorías para establecer la cantidad de empleados necesaria en cada repartición. Por eso los contratos anteriores a 2023 fueron prorrogados solamente por tres meses. Por eso se espera que luego del 31 de marzo, esos contratos se den por finalizados, por lo cual ya hay varias dependencias en estado de “alerta”.
Primeros despidos
Los recortes en todas las áreas estatales que buscan achicar el déficit fiscal, son la gran obsesión del presidente Milei apoyado en la tarea de Posse y del ministro de Economía. Luis “toto” Caputo. Este martes echaron a cerca de 900 personas que cumplían diferentes funciones en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que estuvo encabezado durante la gestión anterior por un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, y en el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
En ese marco el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el interventor del INCAA (Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales), Carlos Pirovano, determinó “eliminar otras siete unidades operativas con un recorte que totaliza 1.791 millones de pesos que se suma a la suspensión de viáticos, horas extras, celulares, adicionales en seguridad, viajes, subsidios a festivales y compras de comestibles, entre otras reducciones de gastos que ya representaban un costo de 2.034 millones de pesos”.