La CTA Autónoma de la provincia de Córdoba rechazó este lunes la decisión de la justicia de sostener la causa que investiga al titular de la entidad, Federico Giuliani, quien es acusado de una serie de delitos junto a dirigentes del movimiento piquetero luego de una propuesta. La Jueza de Control y Faltas Número 4, Anahí Hampartzounian, confirmó “el requerimiento de citación a juicio de la causa” en la que se dispuso la acusación de Giuliani y otros dirigentes, por el supuesto delito de “Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos”, durante la masiva Marcha contra el Hambre del 5 de abril de 2023.
Para la CTA Autónoma, “es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen. Una decisión de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan frente a tantas injusticias”.
“Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra Central no claudicaremos en este reclamo, menos aún cuando tocan a un compañero, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política. Rechazamos la elevación a juicio de esta causa y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a dirigentes y luchadores populares”, señala la nota.
Causa judicial
Junto a Giuliani serán llevados a juicio Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano. A la hora de describir los hechos el fiscal asegura que “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘piquetazo nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023, los imputados lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba”.
Al respecto, la CTA Autónoma provincial añade: “Sobre la base del fallo del Juez de Control Nº 10 de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, a favor de restringir el derecho a la protesta y haciendo lugar a un hábeas corpus interpuesto por el Centro Vecinal del Barrio Centro, el Fiscal Ernesto de Aragón formuló la imputación del delito de ‘obstrucción de tránsito para los medios de transporte’, contra Giuliani y otros cinco referentes sociales más de la provincia”.
Represión de la protesta social
La CTA Autónoma de Córdoba viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la profundización de las políticas de criminalización de la protesta social en la provincia. “La ferocidad policial en la represión de los actos de protesta se constata con mayor claridad a partir de que es aprobada en la Unicameral -entre gallos y medianoche- la Ley de Seguridad que municipaliza y privatiza una potestad del Estado provincial: El monopolio de la fuerza pública”, enfatiza la declaración.
“Rechazamos la ofensiva política, judicial, policial y mediática contra el pueblo trabajador y los sectores medios que no esperan de brazos cruzados ser ‘carneados’ por el DNU de Milei y compañía que los arroja a la banquina y los deja sin futuro. El Gobierno tiene que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la violencia institucional de la policía, el hambre y la marginalidad, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la justicia social”, concluyó el comunicado de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba.