En el marco de un encuentro que tuvo lugar esta mañana en las oficinas de la OIT en Capital Federal junto a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, se redactó un duro documento contra el gobierno nacional de Javier Milei donde se denuncia persecución, hostigamiento y violencia hacia los diferentes sindicatos y todo el arco del entramado gremial.
“Desde el inicio mismo del Gobierno que asumiera el 10 de diciembre de 2023, se vienen implementando normativas que cercenan y limitan los derechos, de reunión, de protesta, de huelga y la libertad sindical”, expresaron con firmeza, y continuaron: “La estigmatización de dirigentes y la persecución económica y penal al ejercicio de los derechos esenciales ha tenido episodios permanentes, conjuntamente con el despliegue de una política que reprime cualquier expresión de la protesta social”.
Entre los principales referentes se hicieron presente Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Pérez y Hugo Moyano hijo (Camioneros) y Pablo Biró (Pilotos). En representación de la Organización Internacional del Trabajo estuvo Gabriela Luna Camacho, con quien conversaron sobre la actual coyuntura del país.
“Una prueba de ello”, continuaron los sindicatos, “es la presencia de personal militar en los aeropuertos y el DNU 70/23, que ha pretendido regular la Huelga de manera restrictiva violentando los principios generales, receptados en nuestra Constitución e incorporados al Derecho Internacional que sostiene la OIT”.
Los abusos del protocolo antipiquetes
En esa misma línea, afirmaron que el dictado de la resolución del Ministerio de Seguridad 943/23 denominado Protocolo antipiquetes, criminaliza la acción sindical y social, vulnerando el derecho a la protesta haciéndola de imposible cumplimiento. También denunciaron las intimaciones millonarias emitidas por parte del gobierno como parte de la reprimenda económica por la vulneración del protocolo antipiquetes. Las mismas contemplaron además, el pago del costo de los operativos de seguridad.
En un contexto de desguace hacia los sindicatos, y diferentes aristas del Estado, mediante la presentación de proyectos de ley en ambas cámaras, donde además se fijó un techo al aumento salarial de cara a las negociaciones paritarias con los diferentes sectores por parte del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo- en tándem con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, a los gremios no le queda otra alternativa más que intentar presentar algún tipo de defensa con las herramientas que están a mano.
En este sentido, otras de las fuertes apuestas del gobierno es la transformación de la estructura estatal a través de la implementación de una reforma laboral. De esta manera, se busca transformar el marco regulatorio del trabajo en Argentina con medidas que incluyen mayor flexibilización, modificaciones en las indemnizaciones, períodos de prueba extendidos y cambios en la relación entre empleadores y trabajadores.
La reforma, que el Gobierno reglamentó a través del Decreto 847/2024, publicado en el Boletín Oficial, y que se aplica a los trabajadores contratados después del 9 de julio de 2024, contempla:
- Fondo de Cese Laboral: Se introduce un sistema alternativo a las indemnizaciones tradicionales, que puede financiarse mediante aportes mensuales del empleador (hasta el 8% del salario) y acordarse en convenios colectivos. Este fondo permitirá al trabajador acceder a recursos al finalizar la relación laboral
- Período de prueba extendido: El período inicial de prueba se amplía de 3 a 6 meses y hasta 1 año para empresas pequeñas, durante el cual el empleado puede ser desvinculado sin derecho a indemnización
- Régimen para trabajadores independientes: Se limita a tres el número de empleados que pueden ser contratados por trabajadores independientes sin que esto genere una relación de dependencia. Además, se elimina la presunción de vínculo laboral si se emiten facturas por servicios
- Simplificación administrativa: Se implementa un sistema unificado de registración laboral para empresas pequeñas y medianas, y se condonan multas y sanciones por falta de registración previa de empleados
- Despidos y licencias: Se habilita el despido en casos específicos como bloqueos laborales. Por otro lado, las licencias de maternidad se ajustan, ampliando el período postparto en algunos casos
- Blanqueo laboral: Se crea un esquema para regularizar empleados no registrados, eximiendo a empleadores de sanciones previas y permitiendo el pago de deudas patronales con importantes descuentos
Este enfoque ha generado críticas por su impacto potencial en la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, mientras que el gobierno lo justifica como una medida para fomentar el empleo y reducir la informalidad laboral.