En un fallo que se conoció en las últimas horas, el camarista Eduardo Di Lorenzo rechazó el pedido de exfuncionarios macristas que intentan llevar a los tribunales federales de Retiro en CABA el expediente sobre el armado de causas contra sindicalistas.
Se trata de la causa por los hechos ocurridos en una reunión en el Banco Provincia en junio de 2017, que fue filmada y en donde se habló de una "Gestapo antisindical" para avanzar con denuncias contra el sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina, que poco después sería detenido.
Sigue en La Plata, y Vidal está más está complicada
Por ahora, el caso queda en manos del juez platense Ernesto Kreplak, quien ya consideró probado que existió una estrategia orquestada y con participación de parte del gobierno de María Eugenia Vidal y directivos de la AFI, para armar causas a sindicalistas.
Kreplak dictó los procesamientos al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, al senador Juan Pablo Allan, también al intendente de La Plata, Julio Garro, al exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, a Darío Biorci y el director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.
El conflicto de competencia fue iniciado por uno de los imputados de la AFI, De Stefano, que fundó su pretensión en una supuesta conexidad entre la causa de espionaje ilegal a cargo de juez de Py Marcelo Martinez de Giorgi y la de la “Gestapo” que investiga Kreplak.
Cuándo se define la competencia
En julio, el camarista de CABA Eduardo Farah sostuvo que debía ser la Cámara de La Plata la que defina la competencia.
Así, el camarista platense Di Lorenzo sostuvo que “ciertamente, surge de la imputación y del auto de procesamiento, que la supuesta estrategia que se investiga sería atribuida efectivamente a los máximos niveles de decisión del gobierno nacional, como lo acentuaron los apelantes, pero también se atribuye esa estrategia a los máximos niveles de decisión del gobierno provincial y municipal”.
Los considerandos
“Cabe concluir que los hechos ilícitos investigados y por los que fueron procesados los imputados podrían considerarse cometidos en todas las jurisdicciones que se han señalado a lo largo de esta resolución. En la Ciudad de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del artículo 43 de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI”.
Para resolver, el camarista tomó en consideración los domicilios de la mayoría de las partes que están en jurisdicción bonaerense, el grado de desarrollo y avance de la investigación en La Plata y la mayor proximidad con la prueba que deriva de una mayor proximidad con los hechos. Todas razones de “economía procesal” por las que el caso debe continuar en La Plata.
La discusión sobre quién se quedará con el caso aún está abierta, ya que seguramente escalará a Casación.