Roberto Pianelli insistió con la necesidad de reducir la jornada laboral: “Es una forma de generar inclusión”

El líder de los metrodelegados volvió a pedir por un cambio en la legislación para llevar a 30 horas semanales la jornada legal. Acusó a la oposición y las empresas a negarse a debatir el tema.

25 de abril de 2023

En el marco de la campaña iniciada para lograr dos francios semanales en el subte porteño, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, (AGTSyP) Roberto Pianelli planteó la importancia de “instalar el debate sobre la necesidad de llevar la jornada laboral a 30 horas distribuidas en cuatro días por semana”. Entre sus argumentos están “la falta de trabajo de muchos compatriotas” y también “los avances tecnológicos que aceleran las formas de producir mercaderías y también servicios”.

 

La discusión de la reducción de la jornada laboral en Argentina busca “mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al generar una mejor distribución del empleo, creando nuevos puestos de trabajo”. Sin embargo, rescató el también secretario de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, “las corporaciones empresariales y la oposición se niegan a debatirlo”.

En la actualidad, existen dos proyectos presentados en el Congreso nacional por el Frente de Todos, para reducir la jornada laboral, que hoy tiene un tope de 48 horas, sin reducción salarial. El de la diputada y dirigenta de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales; y el de nuestro secretario general y diputado nacional, Hugo Yasky, que plantea una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales. “La distribución de horas de trabajo es una forma de generar inclusión”, consideró Pianelli, algo fundamental para una “sociedad más justa, que empieza por distribuir el trabajo existente”, definió.

Más opiniones

La investigadora del centro CIFRA Cecilia Garriga planteó que en los últimos años en Argentina “se produjo un fuerte deterioro del poder adquisitivo del salario (desde 2016 cayó un 20 por ciento el salario de los trabajadores registrados del sector privado)”. Además, el aumento de la población económicamente activa (47,9 por ciento es el último registro de la Encuesta Permanente de Hogares, un máximo histórico) indica que muchas personas que no buscaban trabajo se vuelcan al mercado laboral a demandar empleo porque en sus hogares no alcanza el ingreso (jubilados, jóvenes, amas de casa, entre otros).

También aumenta la cantidad de trabajadores empleados que demandan más empleo porque su salario no es suficiente. Según los últimos datos de EPH, que aún no registran los efectos de la aceleración inflacionaria del tercer trimestre, el 12,8 por ciento de los asalariados registrados se encuentran bajo la línea de pobreza. La contracara: “se constata una mejora de los márgenes de ganancia empresaria y una caída en la participación de los trabajadores en la riqueza (cayó de un 52 por ciento que representaban en el valor agregado en 2016 a un 44 por ciento en 2021)”.

Iniciativa chilena

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina es una de las regiones con jornadas laborales más extensas: Brasil, El Salvador y Guatemala trabajan por ley entre 42 a 45 horas semanales; mientras que Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Colombia, 48 horas. Chile se sumará a Ecuador y Venezuela como los únicos países de América Latina en lograr las 40 horas semanales de trabajo, el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En tanto que el gobierno colombiano de Gustavo Petro presentó una reforma laboral que incluye reducir la jornada a 42 horas -gradualmente, una hora menos por año-.

La iniciativa chilena, que tuvo seis años de discusión en la que participó el Ejecutivo, los sindicatos y el sector empresarial, beneficiará de forma directa a unos 4.700.000 de empleados, de una población activa de casi el doble. Se aplicará de forma gradual y su implementación total tendrá un plazo máximo de hasta cinco años, en 2029.