La reunión convocada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para discutir el nuevo artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, fue postergada de último momento. La mesa de diálogo técnico tripartito contaba con la participación de representaciones empresarias y de trabajadores.
Entre los invitados, además de los dirigentes de la CGT se encontraban: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA), y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La reunión estaba programada para este jueves a las 14hs en la sede de la secretaría de Trabajo. Según fuentes oficiales, se retomaría en noviembre, aunque no se confirmó una fecha precisa y generó aún mayor mal estar dentro de la central obrera.
Según se pudo conocer, el sector mayoritario de la CGT había pensado enviar sus representantes legales. Sin embargo, ese plan entró en crisis en plena interna que atraviesa la conducción de Azopardo con la salida de su secretario Gremial Mario “Paco” Manrique y la advertencia de su cotitular, Pablo Moyano. Éste último lidera la protesta del próximo 30 de octubre, la cual será un paro nacional de transporte.
Luego de conocerse la convocatoria a la reunión con el gobierno libertario, el líder Camionero señaló: “ni loco me sentaría a negociar con esta gente, hay que confrontar”. Una muestra más de su desacuerdo con participar de dicha reunión, y hasta una advertencia de fractura en caso de que avancen sin consultar a su espacio.
Artículo en debate
El artículo 242 en cuestión, modificado por la ley Bases, se refiere a la interpretación legal de la "Justa causa" en caso de despido. El punto candente de la discusión radica en lo que se entiende por bloqueo "parcial" o "total" a empresas.
"Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente", indica el artículo.
La nueva mesa tripartita intentará impulsar un consenso por la implementación del nuevo artículo 242, el cual aún no fue reglamentado por el Gobierno. Para la CGT, la falta de certezas sobre su aplicación pone en riesgo el derecho a huelga.
"Los artículos tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral", afirmó. La central obrera venía solicitando una audiencia para atenuar todo lo posible los efectos que, consideran, negativos para los derechos laborales.
Repudio a la violencia política del presidente
Por otra parte, el pasado lunes 21, la CGT emitió un comunicado de prensa en el cual repudió la violencia verbal del presidente, calificándola como una amenaza para la convivencia democrática. De la misma forma se expresaron varios dirigentes sindicales y centrales obreras, que cruzaron al presidente por sus dichos. Desde Azopardo acusaron al mandatario de “borrar todos los límites de la confrontación democrática” al expresar deseos de muerte hacia un adversario político.
El comunicado subraya la importancia del valor institucional de las palabras presidenciales y alerta sobre las consecuencias de denostar a quienes no comparten su visión política. Además, rechazaron la normalización de la violencia en el discurso político.