Un grupo de ministros de Trabajo provinciales se juntaron para tratar de limitar el impacto de la reforma laboral en sus territorios. En el marco del próximo Encuentro Federal por el Trabajo, seis funcionarios firmaron un acuerdo de cara a esta cubre, donde dejaron formalizado su oposición al DNU 70/23 y su reforma laboral. En el texto destacaron que los puntos del decreto “colisionan con los derechos” que consagra la Constitución Nacional.
En el marco de la primera reunión del Encuentro Federal por el Trabajo a celebrarse el próximo 6 de mayo, autoridades de seis provincias emitieron un comunicado rechazando enfáticamente los puntos del DNU vinculados a aspectos laborales, debido a que “colisionan con los derechos” esgrimidos en la Constitución Nacional.
Asimismo, las autoridades laborales firmantes, se comprometieron a trabajar coordinadamente a fin de “evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.
Defensa de los derechos
El manifiesto, además, enumera una serie de derechos que se intentan vulnerar con la norma y describe el impacto negativo que han tenido para los trabajadores, cada una de las medidas adoptadas por Gobierno Nacional en materia de trabajo.
Cabe destacar, que los representantes de las seis provincias que firmaron el comunicado fueron el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Ricardo Valdéz, la secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, y la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa.
Compromiso
Ante esto, el manifiesto destaca que “resulta necesario que las provincias, entidades preexistentes a la Nación, comencemos a accionar en conjunto en el marco de las leyes fundacionales que han regido los destinos de la Patria desde su organización, normas que hemos jurado respetar al asumir nuestros cargos y que, más allá de cualquier diferencia ideológica, se ven violadas por las referidas decisiones del poder ejecutivo nacional, tal como lo viene declarando la Justicia, no sólo en el capítulo laboral que nos compete”.
En este estado de situación, las carteras laborales provinciales firmantes “nos comprometemos, en ejercicio de nuestras respectivas competencias, a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.