Mientras se sigue discutiendo por la intervención de la obra social del os trabajadores rurales, que fue desestimada por la justicia, el gobierno nacional redobló su avance en la seguridad social, y confirmó medidas similares en dos entidades nuevas. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), que a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente fueron intervenidas.
Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial. Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez. De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades “será determinado por el Poder Ejecutivo” y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Gabriel Oriolo, titular de la SSS. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.
Argumentos
El Gobierno apuntó a las prestadoras por adeudar la documentación requerida por ley. En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa “no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos”. Asimismo, indicaron que “no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas”.
“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86 por ciento de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.
Respecto de la Obra Social del Personal Mosaista, las autoridades denunciaron la falta de seguimiento y auditorías a los beneficiarios y que adeudaba la entrega de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos y Estados Financieros Discapacidad desde noviembre de 2021. “La información brindada por la Obra Social resultó ser parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de este organismo”, apuntaron. Ambas obras sociales no se encontraban en condiciones de brindar servicios a personas con discapacidad.
Panorama
Desde el cambio de Gobierno que varias áreas estatales fueron puestas bajo revisión, entre ellas, el sistema de las obras sociales y de medicina prepaga que se encuentran disponibles en el país. La tarea comandada por el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud reportó varias irregularidades en 651 empresas de las 661 que se encuentran inscriptas. A raíz de las investigaciones realizadas, fueron intervenidas varias de estas entidades. “Las otras 651 solo tienen una inscripción transitoria provisoria”, aseguró Oriolo al destacar que 127 de estas empresas presentaron ningún tipo de documentación desde que fueron aceptadas en el sistema.
Como resultado de este proceso, se clausuraron 61 empresas que no respondieron a los pedidos de la Superintendencia. “Publicamos un edicto en el Boletín Oficial diciendo que iban a ser dadas de baja. De esas 61 empresas, solo tres respondieron. Dos de ellas pidieron la baja voluntaria porque no estaban en actividad, y la tercera está intentando ponerse en orden”, detalló Oriolo, quien también señaló que este proceso continuará con otras 127 empresas apuntadas por no presentar la documentación solicitada.