Los repudios, condenas y críticas contra el gobernador de Jujuy Gerardo Morales siguen llegando desde el mundo sindical, que no acepta su decisión de prohibir las protestas, a través de un decreto que limita las manifestaciones y multa severamente a las organizaciones que las promuevan. Además de los dichos, la dirigencia sindical decidió denunciarlo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en estos días se reúne en Ginebra, Suiza. La misma la realizó la delegación de la CTA Autónoma, que mediante una carta en la que se solicita la inmediata intervención del Director General del organismo.
Según se supo, el texto detalla los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy actualmente y “las peligrosas consecuencias que pueden traer las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones”.
La misiva recuerda que la República Argentina “ha ratificado el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional, pudiendo esto generar un perjuicio a ejercer el más elemental derecho a la ciudadanía en una provincia en la que se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público y la conflictividad es habitual”.
CTA de los Trabajadores
En tanto, durante la jornada del lunes las críticas se multiplicaron, y no hubo sector del movimiento obrero que no se pronunciara. Desde la CTA de los Trabajadores, repudiaron a Morales por promocionar “una reforma constitucional inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis, ahora busca consolidar una especie de estado de sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales”.
“Es el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio tiene previsto hacer si llega a ser gobierno para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste”, agregó la central, mediante un comunicado de prensa que lleva la firma de su titular Hugo Yasky y Enrique Rositto, secretario de Comunicación
Para esta fracción de la CTA, la medida “avanza aún más sobre los derechos laborales con un acto de inusitada gravedad como la decisión de sancionar con suspensiones de dos años y cesantías a empleados públicos que ejercen sus derechos sindicales”. “Intenta de esta manera retrotraernos a las épocas más nefastas de gobiernos dictatoriales que utilizaron las cesantías y decretos de prescindibilidad para disciplinar a quienes reclamaban por sus condiciones de trabajo”, insistieron.
Ante ello, la CTA de los Trabajadores llamó a marchar este martes 13, en una jornada de lucha contra la medida del jujeño. “Resulta inaceptable que las demandas sociales tengan por respuesta la criminalización y la eliminación lisa y llana de los derechos más elementales como el de peticionar ante las autoridades. A 40 años de la recuperación de la democracia no podemos admitir la criminalización de la protesta social como una práctica que institucionalice la persecución de quienes pelean por sus derechos”, concluyó la entidad.
Movilización
Ayer lunes, docentes, trabajadores estatales y militantes de organizaciones sociales marcharon en San Salvador de Jujuy en reclamo de una recomposición salarial y en contra de la reforma constitucional, así como por la derogación del decreto polémico.
Los docentes iniciaron la semana pasada un paro por tiempo indeterminado en demanda de sueldos que superen el valor de la canasta básica, fijada en más de 200 mil pesos.
Al reclamo adhirieron otros gremios provinciales enrolados en la CTA, ATE, trabajadores de la salud, obreros municipales, viales y organizaciones sociales, que se sumaron a las masivas movilizaciones en la capital jujeña. Los convocantes estimaron que la marcha de este lunes, que recorrió San Salvador y terminó en Plaza Belgrano (frente a la gobernación), reunió a unas "15 mil personas, un número muy importante para Jujuy".