Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Unión Personal de Seguridad Privada (UPSRA) fue intervenida en el marco de una política de mucha agresividad de quienes estuvieron entre el 2015 y el 2019 al frente del Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca y Dante Sica. En abril de este año, luego de una larga batalla legal, la Corte Suprema de Justicia decidió dejar sin efecto lo actuado en ese tiempo, dejando nula la intervención iniciada en 2016. De esta forma, Ángel García fue confirmado como secretario general de UPSRA, en un fallo que genera jurisprudencia para muchas entidades que están en situaciones similares.
“En un fallo sin precedente, la Corte Suprema nombra el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla de la libertad sindical, que movió en todo el mundo que otros gremios se interesan por nuestro tema”, sostuvo García en declaraciones en el programa La Voz del Trabajador.
“Nuestra organización sindical no generó ninguna irregularidad, ningún delito, así quedó demostrado por la justicia laboral y el máximo tribunal argentino”, resaltó el dirigente. Además, García apuntó a los interventores, que realizaron denuncias penales por el manejo de la obra social de UPSRA. “No pudieron presentar ninguna prueba, y se terminó con un sobreseimiento definitivo”, agregó el dirigente. Por ahora, la entidad sanitaria sigue intervenida, pese a este fallo.
Según denunció García, durante la intervención se nombraron “140 personas, que luego de recuperar el gremio iniciaron demandas laborales, y nos tuvimos que hacer cargo de las distintas indemnizaciones”.
Pero ante las irregularidades que detectó el fallo de la Corte, el gremio decidió reclamar esos pagos, al considerarlos “nulas”. “A nosotros se nos vinieron encima para quedarse con nuestra organización sindical, fueron dirigentes políticos y gremiales que encabezaron esta ofensiva, que fue lamentable para nuestra entidad”, resaltó García. En este sentido, la UPSRA denunció a Triaca y Sica por no cumplir las medidas judiciales que ordenaban entregar el gremio a sus legítimas autoridades.
Reclamo
En enero del 202, el interventor Rodolfo Alonso fue removido por la justicia de su cargo, y devolvió a las autoridades del gremio a su cargo. “Por eso seguimos pidiendo la devolución de la obra social, que mantienen cautiva como castigo a los fallos que nos dieron la razón”, dijo García, que no descartó nuevas presentaciones judiciales. En este sentido, lamentó que “en un gobierno peronista no se pueda resolver esto, sabemos que muchas veces que el diablo mete la cola”. En este punto, se le viene pidiendo al propio presidente Alberto Fernández que tome cartas en el asunto y termine con esta medida arbitraria.
“Hemos vivido un verdadero saqueo del patrimonio del gremio, no nos devolvieron nuestro edificio central, por ejemplo, es necesario que se haga justicia”, insistió García, que recalcó que “esto no puede suceder más, es un avasallamiento a los derechos delos trabajadores”. En este sentido, García apuntó al gobierno de Macri, y adelantó que seguirán gestionando para que se devuelva “todo el patrimonio a los trabajadores de la seguridad privada”.
Paritarias
Por otra parte, García recordó que los trabajadores de seguridad privada cobrarán con los salarios de junio el aumento salarial que entró en vigencia el pasado 1° de mayo, en el marco del acuerdo paritario firmado por los gremios del sector y los empresarios. Según el acuerdo alcanzado por UPSRA y sindicatos del interior nucleados en la FATRASEP con la cámara de empresas de seguridad CAESI, este mes se percibirá el segundo tramo de la paritaria que tendrá validez hasta el 30 de junio.
“Además tenemos acordado con las empresas una revisión salarial, para tratar de contener los vaivenes de la inflación que lamentablemente tenemos, y que este gobierno heredó de Macri, con la monumental deuda”, dijo García. Por las mejoras, para este mes el salario bruto de los afiliados alcanzará los 206 mil pesos. A su vez, en otra cláusula anexa, UPSRA y CAESI acordaron designar integrantes para una Comisión bilateral que tendrá como objetivo el estudio y análisis integral del convenio colectivo, que se reunirá formalmente el 3 de mayo de 2023.
En caso de no poder adecuarse a esta obligación, el empleador deberá reintegrar en concepto de pago por guardería o trabajo de asistencia y cuidado no terapéutico de personas no podrá ser inferior a una suma equivalente al 40 por ciento del salario mensual correspondiente a la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del personal con retiro del régimen previsto en la ley 26.844, o al monto efectivamente gastado en caso de que este sea menor.